El Gobierno nacional tomó ayer una medida de alto impacto económico y que tiende a ponerle coto a la fuga de divisas: a través del decreto 1722/11 obliga a las empresas mineras, entre ellas las 3 firmas sanjuaninas que tienen proyectos en explotación, a que el dinero que obtengan por sus exportaciones vuelva al país y negociar esa plata en el mercado de cambio local, ya que hasta ahora lo depositaban en sus países de origen.

Este cambio, que para el Estado representará embolsar unos 3.000 millones de dólares al año, para las mineras significa que tendrán primero que vender al Banco Central esas divisas que ingresaron, luego recomprar dólares y así poder enviarlo a sus casas matrices, explicaron.

En esa seguidilla de transacciones, las compañías mineras afirman que perderán dinero.
Hace unos meses, el Gobierno provincial ya había realizado un cambio (en el esquema de regalías), pero en esa oportunidad fue acordado con las empresas que están radicadas en San Juan (ver aparte).

La medida cayó como un balde agua fría en el sector, al punto que ejecutivos locales de las firmas consultadas se sorprendieron con el decreto. Fuentes confiables dijeron que el decreto estaba listo antes de las elecciones y que se esperó hasta ahora para que no quede a la luz la estrategia de la Nación de recuperar de presurosamente divisas. Esto generó malestar en las mineras -se quejaron ayer por lo bajo-, que esperaban que desde la Secretaría de Minería de la Nación se los hubiera advertido y no enterarse con todo ya resuelto, de acuerdo a que el decreto tiene aplicación inmediata.

“Cualquier actividad productiva que exporta debe liquidar una vez finalizada la transacción, no entiendo por qué la industria minera debe estar ajena. No creo que perjudique a la actividad”, dijo ayer a DIARIO DE CUYO on line el titular de Casemi, Alejandro Donna. En tanto, desde la Cámara Minera apuntan a que el ‘cambio de reglas de juego’’ puede generar ‘dudas’’ entre los inversores.
Ayer, desde Barrick (Veladero), Minas Argentinas (Gualcamayo) y Troy Resources (Casposo) se llamaron a silencio, aunque se supo que el cuerpo de contadores de estas empresas está trabajando para detectar el impacto real que tendrá en las finanzas de cada compañía.

Ayer operadores mineros dijeron a este diario que este nuevo esquema no ‘toca un peso los ingresos que San Juan recibe por la minería’’, aunque no descartaron que podría trastocar las inversiones en el rubro exploraciones. Desde GEMERA dijeron que recién hoy discutirán el impacto que tendrá en este sector.
Hasta ahora, la minería gozaba de ese privilegio, que otras actividades productivas no tenían.

El decreto también recae en la industria del petróleo y la argumentación oficial es que responde a “razones de equidad, habiéndose modificado las circunstancias que dieran origen a las excepciones aludidas y, con la finalidad de otorgar un trato igualitario respecto de las demás actividades productivas’’.