Luego de la decisión tomada el lunes por el juez Benedicto Correa de procesar a Juan Brozina y Darío Tapia, los exempleados del Arzobispado denunciados por monseñor Alfonso Delgado como presuntos responsables de haberse quedado con una importante suma de dinero perteneciente a esa institución, ayer se conocieron algunos de los fundamentos que llevaron al magistrado a adoptar la medida. Según fuentes vinculadas a la causa, consideró probado que el primero se quedó con dinero de la Curia y que para hacerlo transfirió recursos a una cuenta de su propiedad. En el caso de Tapia, el juez entendió que se quedó con parte de los fondos de las limosnas que le rendían los sacerdotes de las parroquias en una maniobra que consistía en entregarles recibos, que luego adulteraba para hacer figurar importes menores en las cuentas de la entidad religiosa.
El lunes, cuando el juez Correa decidió procesar a Brozina y a Tapia acusándolos del delito de administración fraudulenta, no trascendieron los motivos que tuvo en cuenta el magistrado para tomar la decisión. Recién ayer, fuentes vinculadas al caso explicaron que con referencia al primero, hay pruebas que dan cuenta de que usó las dos claves, la que manejaba él y otra que pertenecía al cura Román Becerra, para transferir fondos a su cuenta personal. Para cumplimentar ese trámite hacían falta dos claves o firmas digitales, una la manejaba él y la otra supuestamente el vicario, pero las fuentes aseguraron que hay al menos un caso en el que se determinó que los dos códigos se introdujeron en el sistema informático con una diferencia de menos de un minuto y desde la misma PC, la de Brozina en el Arzobispado.
La otra cuestión que consideró el magistrado fue que, según el exadministrador, no estaba presente cuando se realizó la auditoría que determinó irregularidades en las cuentas. Incluso, en una entrevista con este diario, había declarado que había dejado de ir al momento del inicio de la investigación. Pero el auditor, que declaró en la causa, dijo que cuando comenzó su tarea Brozina estaba en el Arzobispado. Y que se puso muy nervioso en circunstancias en que le comenzó a hacer algunas preguntas y después se marchó, aunque hubiera hecho falta que aportara documentación que era necesaria para avanzar en la tarea.
En el caso de Tapia, estaba encargado de recibir el dinero de las limosnas de las parroquias, que le rendían los sacerdotes. Según las fuentes, la maniobra que lo tenía como protagonista consistía en confeccionar un recibo, que les daba a los curas, pero para el control del Arzobispado hacía otro, trucho, por un importe de menor cuantía. Supuestamente, la diferencia iba a parar a los bolsillos del exempleado. Se habla de al menos un centenar de comprobantes que habrían sido cambiados con esa modalidad, que no era lícita.