Los incendios de pastizales y la quema de hojas y basura, en forma intencional, son peligrosas prácticas de temporada en nuestra provincia que han llegado a provocar siniestros de proporciones por el fuego descontrolado y los escasos recursos para combatirlos en la zona rural. El año pasado hasta se asignó un avión hidrante del programa nacional, con escasos resultados hasta que la aeronave se accidentó.
Ahora la Policía Ecológica ha informado sobre una sensible disminución de las infracciones, en un 70%, en lo que va del año, respecto a igual período de 2011. Concretamente el organismo labró 30 actas por quemas ilegales, contra las 57 del período de referencia, lo que a juicio del organismo responde a una toma de conciencia de la gente sobre el daño ambiental que se ocasiona y los riesgos de provocar incendios. Además, la mitad de las denuncias las hicieron los vecinos identificándose con sus datos personales -a pesar de que se puede hacer en forma anónima-, lo que habla de una responsabilidad social que no existía anteriormente, según la dependencia policial.
Si bien la estadística refleja una tendencia positiva hacia la preservación del medio ambiente, 30 infracciones en un semestre es una cifra muy elevada y es la mayor contravención detectada en la tarea de la Policía Ecológica. En realidad, el problema de las quemas ilegales podría minimizarse considerablemente si la policía en general y las inspecciones municipales patrullaran las zonas donde los incendios de campos son una rutina en esta época del año, en particular en los departamentos Pocito, Rawson, Caucete y Albardón, para actuar de oficio. También se debe observar que la legislación vigente a veces no alcanza a todas las irregularidades cometidas por los propietarios de fincas que hacen del fuego un método de labranza, y por ello los organismos ambientales han reclamado modernizarla sumando figuras penales que incluyan la detención del responsable.
Se argumenta los enormes costos que le significan al erario cada incendio. También es de cierta complejidad determinar el dueño de la propiedad afectada, a quien debe multarse, y no a los que verdaderamente provocaron el fuego.
Pero más que reformar la ley, se deben concentrar los esfuerzos en la prevención, que es la mejor forma de evitar estos siniestros.