2013 terminó mal para el Poder Judicial de San Juan. A principios del mes de diciembre nos enteramos de la designación por parte de los ministros de la Corte de Justicia de una tanda de empleados sin concurso público. El criterio de selección fue la amistad y la familia, no la capacidad profesional y la preparación académica. El nombramiento a dedo parece consolidarse como una costumbre contra legem de los magistrados.
No contentos con esto, un día antes de Nochebuena los cortesanos ascendieron, también bajo el criterio de la discrecionalidad, a 310 empleados. Fue tal el rechazo que generó en el pueblo de San Juan que incluso el Fiscal General cuestionó los ascensos. La cabeza del Poder Judicial manifiesta un decisionismo ofensivo en el nombramiento y ascenso del personal.
Pero las andanzas palaciegas no terminaron allí. Una inspección de fiscales nacionales sobre el Penal de Chimbas mostró las condiciones violatorias a los derechos humanos en que se alojan los internos. Esto produjo el planteo de un habeas corpus que fue aceptado por el juez federal, lo que derivó en la reacción de la jueza de ejecución penal quien parece negar la infrahumana situación del Complejo Penitenciario.
¿Por qué recordar todo esto que apareció en los medios sanjuaninos? Porque lo que está en jaque es la legitimidad misma de los jueces.
El año que terminó se discutió y mucho sobre la legitimidad del Poder Judicial. Yo no creo que porque no se los elige por el voto directo del pueblo, su legitimidad no sea democrática. La diferencia entre los hombres de toga y los miembros de los otros Poderes está en la forma en que se canaliza esa legitimidad popular.
El pueblo legitima a los jueces, en primer lugar, cuando ve en ellos personas idóneas y comprometidas con los ideales democráticos. En segundo lugar, cuando sienten que defienden los intereses de la población consagrados en la Constitución.
Es cierto que la redacción de la Constitución y las leyes, como en todo el mundo, abre las puertas para las más variadas concepciones políticas y jurídicas. Es por esto que podemos estar profundamente en desacuerdo con el fallo de un magistrado y seguir legitimándolo si vemos en él a alguien que defiende, a su manera, los ideales democráticos.
El ex magistrado del Tribunal Federal Alemán Günter Hirsch argumentaba que la legitimidad del Poder Judicial radica en que no se planteen dudas sobre la "’competencia profesional, la independencia personal y la convicción a favor del Estado de derecho” de los magistrados.
Para que las acciones de los jueces sean legitimadas por la sociedad, ésta debe haber reconocido en los jueces personas probas y éticamente incorruptibles. Si se plantean dudas acerca de la "’competencia profesional, independencia personal y convicción a favor del Estado de derecho”, el sistema pierde gran parte de su legitimidad.
Luego de las nuevas designaciones a dedo de principios de diciembre me preguntaba en otro lugar cómo confiar en magistrados que insisten en nombrar personal por parentesco y amistad, criterio que no responde a los intereses de la población y es muy poco democrático. A este cuestionamiento, luego del panorama descripto en los primeros párrafos, pueden agregarse muchos otros.
El 2014 debe servir para devolver la legitimidad mellada por los errores y carencias del Poder Judicial sanjuanino, que en lo absoluto se agotan con los esbozados aquí.
Es imperioso que el pueblo se vea reflejado en la Justicia, que la legitime como protectora y no como un gigante discrecional que lo expulsa. Para lograrlo debe aceptarse de manera inapelable que los jueces se deben al pueblo. Hay que terminar con la idea de que son seres ajenos a la sociedad que desde un plano de superioridad sentencian apolíticamente. Ellos están en la sociedad y deben contribuir con la consolidación de una democracia todavía joven.
Una vez aceptado esto vendrá lo más importante: medidas eficaces y rápidas tomadas apenas comience el año judicial que tiendan a acercar la Justicia a la población, que agilicen los procesos judiciales y, sobre todo, que garanticen el derecho humano al acceso a la justicia de los que menos tienen. Sólo así podrá empezarse a reconstruir la menoscabada legitimidad del Poder Judicial sanjuanino.
(*) UNSJ – Conicet. Doctorando en Derecho y Ciencias Sociales. Fundador de http://debatesconstitucionales.org/