Dos exmilitares que se desempeñaron en el ex RIM 22 con posterioridad al golpe del 24 de marzo de 1976 fueron detenidos entre la tarde del lunes y la mañana de ayer por orden del juez federal Leopoldo Rago Gallo, acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad cuando estaban en funciones, según dijeron fuentes judiciales. Se trata de Zuliani y Argañaraz, sólo trascendieron sus apellidos, el primero exsuboficial principal del Ejército y el segundo un exsuboficial mayor.
Ambos venían siendo investigados por la Justicia Federal en el marco de los delitos cometidos contra dirigentes políticos, gremiales y estudiantiles tras el golpe militar, entre los que se cuentan violaciones de domicilio, detenciones ilegales y torturas.
En el caso de Zuliani fue detenido en Santa Lucía el lunes por la tarde, mientras que Zuliani resultó apresado cuando transitaba por la calle ayer por la mañana, en las inmediaciones de Sarmiento y Libertador, en pleno centro de la ciudad. En ambos operativos participaron efectivos de la Delegación San Juan de la Policía Federal Argentina.
La causa en la que ambos están imputados está caratulada como “Castro y otros”, pero no se conocieron más detalles de las presuntas víctimas de los acusados.
Según quedó demostrado en el megajuicio que culminó el 4 de julio de 2013, por los testimonios de las víctimas y las pruebas aportadas, el aparato represor en San Juan tenía como cabeza el ex RIM 22 de Marquesado. En ese ámbito, quienes tuvieron una participación penalmente relevante fueron los miembros de la Plana Mayor, las compañías de infantería y la banda de música. También actuaron efectivos de la Policía Federal y de la Policía de San Juan.
Desde la caída del gobierno democrático, los primeros detenidos fueron derivados al edificio de la ex Legislatura, donde sufrieron los primeros apremios ilegales. Pero después, en el destacamento militar de Marquesado, fueron sometidos a interrogatorios bajo torturas, generalmente con el uso de picana. Luego fueron “blanqueados” y derivados al Penal de Chimbas, donde los golpes y la sesiones de preguntas continuaron. El objetivo de las fuerzas represivas era conocer nombres de compañeros de militancia, lugares de reunión y la existencia de armas vinculados a los grupos considerados “subversivos”.
En el caso de estas dos nuevas detenciones, se suman a la que tuvo lugar el 12 de marzo pasado, en Córdoba, contra Eduardo Daniel Vic (ver aparte), quien desde entonces permanece en el Penal de Chimbas.