Los proyectos de ley que buscan desde hace tiempo impulsar un sistema digitalizado bajo el ámbito del Poder Judicial de la Nación escapan de la agenda parlamentaria actual, pese a las cifras que arrojan los organismos oficiales y varias de las ONGs dedicadas a combatir, mayormente violaciones sexuales.

Durante el primer cuatrimestre de 2010, la Dirección General de la Mujer brindó asesoramiento y tratamientos a 53 personas bajo el programa de Asistencia a Mujeres Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual. La Asociación de Víctimas de Violaciones (Avivi) lleva contabilizadas desde enero pasado 384 jóvenes violadas, que hicieron una presentación judicial, y otras 130, que se niegan a concretarla. En total, brindan asistencia psicológica y legal a un promedio de entre seis y ocho víctimas por día.

El panorama en el Congreso Nacional para abordar la situación resulta poco alentador. En noviembre de 2008, el Senado de la Nación aprobó y giró a la Cámara de Diputados un proyecto para crear un registro de información genética de abusadores sexuales, que opere en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación. En marzo de 2009 otra iniciativa obtuvo media sanción de la Cámara baja y pasó al Senado para ser estudiado. Pero ninguno de los dos textos prosperó y hoy se encuentran próximos a ser archivados. Por ese motivo, esta problemática enfrenta un vacío legal que cobra nuevas dimensiones al no estar siquiera contemplada en el listado de los temas que la Comisión, abocada estos meses a cuestiones vinculadas con la corrupción, la trata de personas y el régimen penal juvenil, tiene previsto analizar a corto plazo.

El proyecto establece que el mencionado registro especial será creado en el ámbito del Registro Nacional de Reincidencia y dispone que toda persona que acredite un interés legítimo podrá solicitar información para verificar si determinada persona se encuentra incluida o no en las constancias sobre agresiones o delitos contra la libertad sexual.

Es de esperar que el Congreso se aboque al tratamiento de esta importante iniciativa y que la propuesta sea convertida en ley. Se trata de impedir que siga creciendo la lista de víctimas de actos de violencia sexual y, sobre todo, que los agresores reincidentes vean allanado el camino hacia la ejecución de sus crímenes por la ignorancia, el descuido o la simple buena fe de quienes hubieran podido prevenirlos.