La aprobación de la Ley 7.909 (año 2008) o ley del 4 x 1.000 como se la conoció, arrastró desde la gestación varias críticas, partiendo de que las mineras actuaban como agente de retención -0,004 de la facturación mensual- de las contratistas, que desató la bronca de Casemi. El otro escollo fue que se aprobó en medio de la crisis financiera. Además, esta ley vino a cubrir en parte el vacío que dejó la polémica ley del Deporte, que fondeaba a las instituciones con la deducción de impuestos a empresas que colaboraran, pero con la salvedad que esta plata tenía varios destinos.