Dos jueces de la Sala II de la Cámara Penal ordenaron anoche liberar a Luciana Abregú, la joven hipoacúsica que el 2 de abril del año pasado quedó presa sospechada de matar de un tiro en la cabeza a su padre Roberto Abregú y simular que el crimen, ocurrido el 19 de marzo de ese año, lo habían cometido delincuentes que ese día robaron dinero, un celular y joyas, dijeron fuentes judiciales.

Para la libertad de la joven fue clave que otro tribunal (la Sala III de la Cámara Penal), anulara el 9 de octubre pasado la "confesión" en la indagatoria de la joven en la casa de su abuela, ante un juez, un fiscal y con asistencia de un defensor oficial. Los jueces de la Sala III entendieron que ese acto era nulo, porque se había violado el derecho de defensa de la sospechosa, como el derecho a saber que podía tener un defensor particular o de ser aconsejada sobre la conveniencia o no de declarar, entre otras irregularidades.

A partir de esa anulación, el defensor de Luciana Abregú, Rolando Lozano, planteó un hábeas corpus en el Tercer Juzgado de Instrucción, porque consideró que el encierro de su clienta era ilegal al no haber una orden de detención válida tras el fallo anulado. Un día después el juez Guillermo Adárvez rechazó el planteo porque entendió que la orden judicial de detención aún estaba vigente, pero Lozano apeló ante la Sala II y anoche le dieron la razón.

"Es una resolución que corresponde en derecho al no estar mi defendida imputada por ningún delito. La privación de la libertad exige como condición la imputación de un delito y eso no existe", dijo anoche Lozano.

No fue el único planteo del letrado. Ayer consiguió que se postergara la declaración indagatoria de su clienta en el nuevo juzgado que interviene, el Quinto de Instrucción. Allí planteó, en base a estudios mentales de su clienta, que es inimputable ya que al momento del hecho no comprendía la criminalidad de su acto.

Lozano también cuestionó el fallo de la Sala III que anulaba la indagatoria (y así abrió la chance de su libertad) porque considera que toda la actuación debe ser anulada. Este reclamo llegará a la Corte de Justicia.