En medio de la ronda de diálogo que inició con la oposición, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso un proyecto de ley para limitar el uso de los denominados superpoderes, otorgados al Jefe de Gabinete para reasignar partidas presupuestarias.

La propuesta no elimina el polémico mecanismo, sino que acota su uso para redistribuir partidas hasta el 5% del total del Presupuesto nacional. El gesto presidencial parece ser más político que práctico, ya que atiende los reclamos de la oposición, que exigía cambios en los superpoderes, pero no altera el manejo discrecional de partidas. Según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera, en el primer semestre de este año el Gobierno nacional reasignó 1381 millones de pesos, de un presupuesto de 243.000 millones. Pero en el fondo, el anuncio presidencial no parece un cambio de actitud, sino una estrategia para ganar tiempo y continuar con el manejo discrecional y poco transparente de los recursos públicos. Son los mismos mecanismos a los que se opuso Kirchner cuando no era gobierno.

La forma de terminar con los superpoderes lo prevé la ley de administración financiera. Es decir, hay que apegarse a las limitaciones del artículo 37. En lugar de ello, se propone tener unos superpoderes iguales a los que supuestamente tiene el jefe de gobierno porteño. La Constitución ordena que sea el Congreso el que anualmente elabore un presupuesto, y asigna al Poder Ejecutivo unas limitadas facultades para reasignar partidas. Por ejemplo, se requiere autorización del Congreso si se quiere bajar la partida de obras o compras de equipo, para pagar sueldos, o si se van a utilizar los recursos de la Anses para subsidiar tarifas eléctricas y de gas a grandes consumidores en lugar de pagar a los jubilados, como ha hecho el matrimonio Kirchner.

El Parlamento otorgó a los Kirchner superpoderes que nunca tuvo ningún otro presidente, de manera que pudieron hacer lo que desearon con los fondos presupuestarios. Primero, Néstor Kirchner con decretos de necesidad y urgencia (DNU). Después, él mismo y posteriormente su esposa con una delegación de facultades tan grande que transformó a la Ley de presupuesto en una mera formalidad.

El modo de generar transparencia y recuperar confianza es volver a la Ley de administración financiera, y también terminar con los cuestionables fondos fiduciarios, otro mecanismo por el cual se pueden manejar miles de millones del erario con escasos controles y absoluta discrecionalidad.