La Corte Internacional de Justicia, llamada en el plano internacional como la Corte de La Haya, se declaró competente en la demanda marítima de Bolivia, que históricamente exige a Chile un acceso al Pacífico, es decir, la decisión del Tribunal es claramente favorable a la petición boliviana. También resulta oportuno señalar la amplia mayoría que ha respaldado intervenir en el litigio: 14 magistrados votaron a favor de la competencia de la Corte para seguir con la demanda presentada por Bolivia en contra de Chile y sólo dos votos en contra.
Pero esto no es nada más que el comienzo para echar luz en un complejo diferendo limítrofe. Chile basa su argumentación en el hecho de que en 1904 Bolivia le cedió su litoral y firmó un tratado que tiene plena vigencia. Sin embargo, el Pacto de Bogotá, firmado en 1948, uno de los documentos que reglamentan la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, establece que este cuerpo no puede dirimir asuntos ya resueltos por acuerdos entre las partes, por fallo arbitral o por decisión de un tribunal internacional, así como los asuntos regidos por acuerdos o tratados que ya estaban en vigor cuando se concluyó el Pacto. No obstante, la disputa entre Chile y Bolivia no se ajustaría a estas limitaciones y por ello el Tribunal sigue adelante ante el júbilo del gobierno de Evo Morales, expresado en La Paz.
Diferente es la repercusión del fallo en Santiago, donde las autoridades sostienen que la cuestión es más política que jurídica porque nadie tiene ningún derecho a cercenar la soberanía territorial y de hacer lugar a las pretensiones de Bolivia se sentaría un grave precedente internacional, según la óptica trasandina, debido a los reclamos de este tipo en el mundo.