Desde hoy, el juez Carlos Macchi estará por primera vez del otro lado. Como presunto responsable de cometer y dejar pasar irregularidades en escandalosos juicios de expropiaciones que le causaron al Estado un perjuicio millonario, se sentará en el banquillo de los acusados y enfrente tendrá a los miembros del Jurado de Enjuiciamiento que decidirán si lo remueven o no del cargo. El proceso se llevará a cabo en el Concejo Deliberante de la Capital y entre los testigos ofrecidos por las partes hay profesionales, periodistas y hasta magistrados.

En el parlamento capitalino ultimaban ayer todos los detalles para la audiencia de hoy, que está prevista a partir de las 9. Allí confluirán Macchi y sus acusadores, el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, y el fiscal General subrogante, Eduardo Mallea. La cosa promete ser tensa, porque entre ellos hubo fuego cruzado. Los dos últimos firmaron las imputaciones que dieron lugar al juicio oral que se inicia y el magistrado les respondió proclamando su inocencia con declaraciones y escritos de durísimo tenor.

Los fiscales le endilgan cometer y omitir graves anomalías procesales en juicios de expropiaciones y así, favorecer a que una supuesta red delictiva de profesionales inflara el valor de los terrenos y estafara a la provincia. Por todas las irregularidades detectadas, De Sanctis lo culpa de incurrir en mala conducta e incumplimiento de los deberes a su cargo y Mallea le agrega a esas causales la de ser autor de delitos en el ejercicio de sus funciones.

Los fallos que comprometen al titular del Juzgado Civil Nº 5 son cuatro. Le impuso pagar al Estado 23 millones de pesos por 1.500 m2 de vereda en Desamparados (caso Ruiz), 11 millones por menos de 10 hectáreas en Cuesta del Viento (caso Anes), más de 1.000 millones por el Parque de Mayo y unos 70 millones por 2 hectáreas del Canal Benavídez. Los dos primeros se pagaron, el del pulmón verde de la Ciudad está siendo revisado en instancias superiores y el último fue anulado por la Corte de Justicia por no ajustarse al valor real del inmueble expropiado.

El debate tendrá más de 20 testigos. Los fiscales ofrecieron, entre otros, a peritos especializados en tasación de inmuebles, a la secretaria del Juzgado de Macchi, Mónica Caprioti, y a dos periodistas. Mientras que el abogado defensor, Guillermo Toranzo, pidió que declaren profesionales de la Fiscalía de Estado y casi todos los magistrados del fuero Civil. El involucrado también comparecerá: lo hará el 18 del mes que viene a solicitud de Mallea.

El Jurado de Enjuiciamiento, conformado por el cortista Humberto Medina Palá, los diputados Marcela Monti y Pablo García y los abogados Carlos Lima y Pablo Ramella, debe resolver por simple mayoría si remueve o no a Macchi. Si lo declaran culpable, ya sin fueros que lo protejan, podría ser sometido a la megacausa penal que investiga la presunta asociación ilícita que sobrevaluó los terrenos.

El reducto capitalino volverá a ser epicentro de un proceso de destitución contra un magistrado (ver infografía). En ese mismo lugar se llevaron a cabo los juicios contra Javier Cámpora y Carlos Reinoso. Los dos llegaron al banquillo acusados de protagonizar escándalos y se quedaron sin el sillón de juez.