De acuerdo a los plazos que se impusieron el Ejecutivo provincial y la Corte de Justicia, en unos meses más habrá una catarata de concursos para designar jueces y fiscales en cargos nuevos. Todo se debe a la decisión de implementar el procedimiento de flagrancia, que demandará otra sala penal y más juzgados de primera instancia para hacer los juicios exprés. Si no hay demoras, entre septiembre y los primeros meses del que viene hará falta llamar a concurso para nombrar 3 camaristas, 4 jueces de primera instancia, 4 defensores oficiales y 5 fiscales.
Los cargos son parte de la nueva estructura que piensan montar para agilizar el trámite de las causas penales contra aquellos que son sorprendidos in fraganti, es decir con las manos en la masa. En la actualidad, la gran mayoría de esos procesos son por delitos contra la propiedad (hurtos y robos) y no se resuelven, con lo que los delincuentes siguen sueltos y se ven alentados a cometer más hechos. El gran objetivo de la gestión uñaquista es que tengan sentencia en un breve periodo de tiempo y que los autores paguen.
El Ejecutivo y el máximo tribunal quieren avanzar lo antes posible. El presidente de la Corte, Humberto Medina Palá, aseguró que entre septiembre u octubre pondrán en funcionamiento la nueva sala penal, que se encargará de las apelaciones de los juzgados de Instrucción existentes y de los juicios de flagrancia. Mientras que el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, dijo en marzo quieren tener en marcha los juzgados de flagrancia.
Para que las nuevas estructuras funcionen, se necesita tener el personal. La Corte le tendrá que comunicar la existencia de esos cargos al Consejo de la Magistratura, para que convoquen a los concursos para nombrar a quienes serán sus titulares.
La Corte y la administración de Sergio Uñac ya acordaron que el Ejecutivo aportará las partidas presupuestarias que hagan falta.