El detenido exsecretario kirchnerista de Obras Públicas, José López, ofreció ayer a la Justicia federal la realización de careos con los representantes de 36 empresas constructoras para averiguar si él les solicitó ‘en algún caso retorno o entrega de alguna suma de dinero a cambio de la adjudicación de alguna obra‘.
El exfuncionario pidió que todos los empresarios del listado que presentó por escrito sean llamados a brindar testimonio y que se les pregunte si fueron prohibidos de presentarse a alguna licitación, si participaron de algún arreglo espurio o si se les pidió alguna coima.
También propuso López que se consulte delante suyo a los empresarios adjudicatarios de obras públicas si ‘le indicó a alguno de ellos que no se presentaran en alguna licitación‘ o si organizó ‘alguna mesa o reunión para arreglar alguna licitación‘.
López, que cumple prisión preventiva en la cárcel de la localidad bonaerense de Ezeiza desde el 14 de junio último, formuló ese petitorio en el escrito de descargo que presentó ante el juez federal Julián Ercolini en la causa por supuesto direccionamiento de licitaciones en favor del empresario kirchnerista Lázaro Báez donde está imputada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Entre las empresas que mencionó López, se destaca IECSA, de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
López, que en junio último fue sorprendido escondiendo bolsos con casi 9 millones de dólares en un monasterio de General Rodríguez, arribó a las 8.40 al edificio de tribunales judiciales del barrio de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, y finalizó la indagatoria casi tres horas más tarde.
El exfuncionario aseguró que él no se ocupaba de ‘auditar‘ la ejecución del Plan Nacional de Obras Públicas sino que eso le incumbía a las subsecretarías ‘de Obra Pública y de Coordinación Federal y a la Unidad de Auditoría Interna‘ del Ministerio de Planificación. Además remarcó que la implementación del plan fue ‘una planificación centralizada entre la nación y las provincias‘, aunque remarcó que la ejecución era ‘descentralizada a través de las provincias y los municipios‘. Al punto que ‘el 95 por ciento de las obras que se ejecutaron se desarrollaron en forma descentralizada‘ lo cual ‘permitió construir más de 40.000 obras en todo el país‘, dijo buscando marcar los límites de la responsabilidad del Estado nacional.
Exnúmero dos de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación e Infraestructura, López es uno de los 17 convocados a prestar declaración indagatoria en esta causa, además de Cristina.
López ingresó al juzgado de Ercolini pasadas las 10 de la mañana. Se encontró con sus abogados, escuchó la imputación en su contra, manifestó que estaba ‘a disposición de la justicia‘ y expuso su versión de los hechos sin responder preguntas.
Remarcó en la audiencia de declaración indagatoria que la cartera que él encabezaba fue la que tuvo a cargo el Plan Nacional de Obras Públicas ‘aplicado en todo el país desde 2003 hasta 2015‘. Remarcó que tras el desarrollo del Plan, su Secretaría no era la encargada de aprobar los presupuestos, ni de realizar las licitación, ni de auditar.
Sostuvo que el hecho de que la denuncia esté centrada en Santa Cruz (provincia que fuera gobernada por el fallecido expresidente Néstor Kirchner) es una prueba de que se trata de una investigación ‘sesgada‘ que ‘tiene clara intencionalidad política y jurídica‘.
Sobre ‘las obras abonadas en Santa Cruz por 64 millones de pesos en tres años, representa una cifra mínima si se compara con lo invertido en el resto del país con lo recaudado por la ley 26.028 del año 2005 en ese período de tiempo o en los siete años que duró la vigencia del decreto, lo cual demuestra que no hubo ni discrecionalidad ni arbitrariedad‘, afirmó.
López fue sorprendido escondiendo bolsos con casi 9 millones de dólares en un monasterio.
Entre las empresas a las que apuntó López se mencionan Techint, de Paolo Rocca; Corporación América, de Eduardo Eurnekian y Cartellone. También Petersen, de Enrique Eskenazi; Panedile, Paolini y Grupo Austral, de Lázaro Báez.
López pidió que sean citados a explicar sus dichos el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el titular de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel, quienes dijeron que ‘se robó haciendo obra pública‘ y que hubo una ‘cartelización‘ de materia, respectivamente. DyN, Télam y Efe