Los ministros de la Corte de Justicia no logran ponerse de acuerdo en qué tipo de concurso instrumentar para los ingresos de personal administrativo. Primero habían anunciado que iban a adoptar el sistema que se aplica en Santa Fe, pero resolvieron hacerlo con “sutiles” diferencias: no asignarles puntaje a los aspirantes por cada prueba, no conformar un orden de mérito y reservarse una importante cuota de discrecionalidad para decidir quién entra y quién no. Ante el temor de que se interprete como un nuevo engaño, en función de antecedentes no muy lejanos que demostraron que la prioridad era de amigos y parientes, puertas hacia adentro debaten si introducen cambios. Dos cortistas prefieren avanzar con las cosas como están y los otros tres piensan que lo mejor sería buscar un mecanismo que dé idea de mayor transparencia.
Este año, desde la Corte de Justicia reafirmaron la decisión de llamar a concurso para cubrir las 85 vacantes que hay en la actualidad e hicieron saber que la intención es imitar el modelo santafesino. Según dijeron, el proceso consistirá en dos etapas eliminatorias de evaluación, una entrevista personal a los que pasen esas pruebas de conocimientos y los mismos cortistas, sin necesidad de dar fundamentos, elegirán a los que ingresarán. Sin embargo, se “olvidaron” de aclarar que el mecanismo no es estrictamente igual al de la provincia litoraleña y que hay diferencias sustanciales (ver aparte).
En Santa Fe, las pruebas de conocimiento y la entrevista personal tienen un puntaje. Y con la suma de los mismos, se conforma un orden de mérito que determina quiénes ingresarán. La prioridad la tiene los que obtuvieron la más alta calificación y así en forma decreciente, hasta cubrir las vacantes.
La diferencia de fondo entre uno y otro es la discrecionalidad que se reserva la Corte de Justicia. En Santa Fe, los cortistas se guardan el derecho de calificar con hasta 25 puntos a los aspirantes que entrevistan y el resto de las etapas ofrecen hasta 50 puntos, con lo que la discrecionalidad es mucho más acotada. Aquí, con el pretendido sistema y sin orden de mérito, todos los que pasen los primeros filtros evaluatorios llegan con la misma chance y son los ministros los que directamente definirían los que serán designados.
En el segundo piso de Tribunales, las aguas están divididas. Según fuentes judiciales, hay tres cortistas que proponen cambios porque creen que no podría resistir un nuevo escándalo y los otros dos sostienen que el sistema que idearon es lo suficientemente transparente y que no deja lugar a dudas. En el primer grupo se enrola el presidente del cuerpo, Adolfo Caballero, y en el segundo Carlos Balaguer, contaron sin dar más detalles.
Al menos en lo enunciativo, la decisión de llamar a concurso significa un giro de 180 grados respecto a la política que han venido usando los integrantes del máximo tribunal para hacer nombramientos de planta permanente. Pasa que no ha sido frecuente en ellos un sistema que les dé oportunidad a todos los aspirantes por igual. Todo lo contrario.
En 2005, por primera vez, resolvieron convocar a concurso para cubrir vacantes administrativas y se supo que de antemano se filtraron las preguntas del examen para favorecer a algunos bendecidos. Y en 2009, sin decir nada ni abrir el juego, designaron 39 personas en forma interina y después, a pesar de las promesas de corregir la situación, se las arreglaron para dejarlas como efectivas. El agravante fue que la gran mayoría era amigo o pariente de encumbrados funcionarios judiciales.
Los dos antecedentes causan recelo todavía y cuando suena la palabra “concurso”, las sospechas empiezan a sobrevolar hasta entre los mismos actores judiciales. El secretario gremial de la Unión Judicial, Sebastián López, se quejó ayer de la cantidad de puestos que hay sin cubrir y cómo se recarga al resto del personal “sin compensación económica alguna”. Además, opinó que el concurso que trascendió desde el segundo piso “no tiene valorador, no tiene orden de mérito, es discrecional y lo peor es que traerá más desprestigio para la Justicia”.