Igual que año el pasado, y enojadísimo porque según él se le desprestigia en materia de derechos humanos, Correa impulsó, dentro del esquema de la Alianza Bolivariana para América (ALBA), una reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) con el objetivo de debilitarlo y neutralizarlo. Correa arremetió contra la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, se quejó de que tenga fondos provenientes de gobiernos fuera del sistema, como EEUU y países europeos, y puso cortapisas para que no pueda "’entrometerse en asuntos internos”, lo que equivale a sacarle a esa oficina su razón de ser.

Aquella vez, la propuesta de Correa -impulsada en una reunión en Cochabamba, Bolivia, en 2011 y tras posteriores reuniones y presión a otros gobiernos- terminó por desvanecerse el 23 de marzo último, en la Asamblea General Extraordinaria de la OEA. Ecuador y los países del ALBA no consiguieron el apoyo necesario y, por aclamación, se aprobó una resolución dando por terminado el proceso de reflexión sobre las reformas al SIDH. Sin embargo, se dejó una puerta abierta para darle continuidad. Con esa alternativa, Correa pidió que la sede de la CIDH salga de Washington y se instale en Buenos Aires.

Esto demuestra, primero la tozudez y terquedad de Correa de cumplir con sus objetivos y segundo, que la OEA tiene que discutir nuevamente un tema que es irrelevante ante otros como la activación de la Carta Democrática Interamericana en el supuesto fraude electoral en Venezuela. Y tercero, obliga nuevamente a miles de ONG de defensa de los derechos humanos a tener que lidiar contra un aparato intergubernamental paquidérmico y burocrático de impredecible conducta.

Por otra parte, la CIDH manifestó su preocupación por la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos de los registros telefónicos de la agencia The Associated Press (AP) a las compañías telefónicas, lo que puede poner en riesgo la confidencialidad de las fuentes. El 10 de mayo último AP fue notificada de que la Oficina del Fiscal del Distrito Columbia había obtenido los registros telefónicos de más de 20 líneas utilizadas por editores y periodistas durante abril y mayo de 2012. La recopilación habría ocurrido sin aviso previo a la agencia o a sus periodistas.

El lunes 13 de mayo el presidente de AP, Gary B. Pruitt, envió una protesta al Fiscal General, Eric Holder, en la que objeta enérgicamente "’la masiva y sin precedentes intrusión del Departamento de Justicia en las actividades de recolección de noticias de The Associated Press”. El Fiscal General Adjunto, James Cole, respondió que el Departamento de Justicia se esfuerza por alcanzar "’un equilibrio adecuado entre el interés público por la libre circulación de información y por la protección de la seguridad nacional. A su vez, el Fiscal General, Eric Holder, señaló que las acciones se tomaron en el marco de una investigación sobre una "’filtración muy seria” de información que puso al "’pueblo en riesgo”. Luego la Casa Blanca dijo que no tenía conocimiento del problema y aclaró que el presidente Obama cree que la prensa necesita, en principio, tener la posibilidad de realizar periodismo de investigación sin restricciones.

La importancia del derecho a la confidencialidad de las fuentes reside en que en el ámbito de su trabajo, y a fin de proveer al público de su derecho a recibir información, los periodistas realizan un importante servicio al público cuando recaban y difunden información que no sería divulgada si la reserva de las fuentes no estuviera protegida.