En el marco del juicio oral y público que iba a comenzar el martes contra 8 exconcejales de Rivadavia sospechados de haber realizado un manejo discrecional con fondos que estaban destinados a ayudas sociales, los acusados quieren pedir un juicio abreviado, según adelantaron ayer fuentes judiciales. Se trata de un proceso en el que los imputados reconocen haber cometido un delito y acuerdan con el Ministerio Público una condena, que después debe ser aprobada por los jueces Eugenio Barbera, Héctor Fili y Leopoldo Zavalla Pringles, integrantes de la Sala III de la Cámara Penal.
Lo que buscan los exediles es evitar la exposición pública a la que deberían someterse si se tratara de un juicio ordinario y, además, se aseguran que el Tribunal sólo les impondrá la sanción que acuerden y no una pena mayor (ver aparte). En cualquier caso no iban a ir a prisión porque los delitos que les imputan son excarcelables. Se trata de falsificación de documentos oficiales equiparados a públicos y fraude en perjuicio de la administración pública.
Pero aunque ninguno iría preso, sí podría pesarles la condena de inhabilitación para ocupar cargos electivos que les podría aplicar el Tribunal. Y algunos de ellos, como en el caso de José Orlando Páez, militan en política, en su caso en el Partido Bloquista, lo que le impediría, por ejemplo, ser candidato a ocupar un cargo mientras dure la inhibición.
El caso tuvo ribetes de escándalo porque las partidas para ayudas sociales no llegaron a los beneficiarios y nunca se supo el destino de ese dinero. En la mira quedaron los exconcejales Carlos Reinoso, Nicolás Tejada, Juanita Guerrero, Lidia Zárate, José Páez, Isidro Díaz, Oscar Ruz y Cristóbal Liuzzi. Y encima, desde que se hizo la denuncia, tras una investigación de DIARIO DE CUYO, han pasado 10 años sin que todavía se haya podido concretar el debate.
Según fuentes judiciales, ya hubo algunos contactos entre los abogados defensores de los exediles y el fiscal Daniel Guillen, quien fue convocado para colaborar con la fiscal Alicia Esquivel. Si esas reuniones prosperan y hay acuerdo en cuanto a la pena, sería inminente la presentación del pedido de juicio abreviado.
Podía ocurrir que no todos accedieran a buscar el trámite, porque implica un reconocimiento de culpabilidad, en cuyo caso el juicio oral y público tendría lugar para los restantes, pero al parecer hay coincidencia en todos de optar por esta vía.
Los hechos que investiga la Justicia tienen origen en el 2002, los exediles podían repartir, por ordenanza, entre 1.300 a 1.500 pesos mensuales en ayudas sociales. Cada concejal tenía una planilla con los montos y los nombres de las personas a las que ayudaban, pero una investigación del Tribunal de Cuentas determinó errores en la confección de las planillas y hasta la falsificación de las firmas y de las cifras que la gente recibía.