Una tiene minería metalífera. La otra no. Una busca continuar con el desarrollo minero. La otra busca impulsarlo. Así son San Juan y Mendoza, provincias cuyanas con sus particularidades pero con un tema de fondo que hoy ocupa su espacio en los medios: la actividad minera.
Mendoza cuenta con un potencial geológico inigualable que abarca gran variedad de minerales e incluso hidrocarburos. A su vez, rige en la provincia la ley 7.722, sancionada en 2007, que limitó el desarrollo de la minería metalífera porque en ella se determinó la prohibición de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y similares.
En la actualidad, la actividad minera mendocina se concentra en la producción de minerales de tercera categoría: rocas de aplicación, construcción y ornamento; es decir, yeso, calizas y grandes volúmenes de áridos. Mendoza es el mayor proveedor de áridos para San Luis, por ejemplo.
Según se informó desde la Dirección de Minería de Mendoza, está en marcha un relevamiento para la regulación y ordenamiento de canteras que permitirá, en breve, tener datos estadísticos del sector. En lo que se refiere a hidrocarburos, la provincia consta de 36 yacimientos de petróleo en actividad. Es el caso de Chihuido de la Salina, Barrancas, Cerro Fortunoso, Vizcacheras, La Ventana y Valle del Río Grande, entre algunos ejemplos de los yacimientos considerados más productivos.
En este marco, la posibilidad de concretar la explotación de sales de potasio en Malargüe, a través del proyecto Potasio Río Colorado (PRC) en manos de Vale, y de cobre en Uspallata, mediante el proyecto San Jorge, se ampliaría el potencial minero provincial y en consecuencia, el Producto Bruto Geográfico (PBG).
De acuerdo a datos proporcionados por Adriana Blesa, directora de Minería de Mendoza, en la actualidad el petróleo contribuye al 16% de ese producto bruto y la minería actual, también incluida aquí, sólo contribuye al 1%. “Si tuviéramos Potasio y San Jorge en operación, tendríamos aproximadamente el 20% del PBG provincial aportado solamente por esos dos proyectos. Esto supera a lo que contribuye el petróleo, también una forma de minería, por lo que estaríamos sumando un 35 % de PBG entre las dos actividades”, detalló Blesa.
A pesar de estas proyecciones y en lo que respecta a PRC en particular, aún quedan definiciones pendientes. Más llamativo aún, es que este proyecto está permitido dentro de lo establecido por la ley 7.722. A casi un año de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de sales de potasio malargüino, aún está en debate la aprobación de un acuerdo entre el Gobierno de Mendoza y Vale, que establece se priorice la incorporación de pymes locales como proveedoras de servicios, entre otros puntos destacados.
El convenio en cuestión está en estudio en la Legislatura desde el año pasado, por lo que dirigentes de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem) y sindicatos afines se unieron para exigir definiciones. A la reunión la convocó la Federación Económica de Mendoza (FEM) y a partir de allí, los empresarios participantes intentarán hablar con los legisladores para que tomen cartas en el asunto. Del mismo modo, también pretenden se ratifique la DIA del proyecto de uranio Huemul, que existe desde mediados del año pasado.
“Queremos que se definan por sí o por no para saber desde allí en adelante las acciones a tomar. Si el acuerdo no se aprueba, quienes integramos el sector empresario estaremos en desventaja y con pocos argumentos para hacer exigencias frente a la empresa. En definitiva estaremos limitados para defender fuentes de trabajo genuinas y necesarias para los mendocinos”, explicó Roberto Zenobi, presidente de la Camem y prosecretario de industria de la FEM.
Ubicado en el sur del departamento Malargüe, PRC está asentado cerca de Neuquén, por lo que la preocupación del empresariado mendocino es que empresas de esa provincia patagónica ganen espacio ante la demora y falta de definiciones por parte de la Legislatura Provincial. “Sabemos que la minería traerá riqueza y desarrollo y porque creemos en eso, nos hemos unido. Creo que es todo un mensaje para que tanto la Legislatura como las empresas no dejen de cumplir con lo prometido”, dijo Zenobi a CUYO MINERO.
El otro lado
El impulso de la minería metalífera en San Juan llegó con la sanción de la ley 24.196 o Ley Nacional de Inversiones Mineras. En ese marco y a partir de 2005, con la explotación de Veladero en Iglesia, la minería en San Juan dio un giro radical y pasó a convertirse en una industria de peso entre las existentes en la provincia.
Según datos de la Secretaría de Estado de Minería, la producción minera de la provincia en el año 2009 alcanzó un récord histórico, superando los 3.900 millones de pesos; mientras que la producción proyectada para este año, se estima superará los 4.700 millones de pesos.
En cuanto a exportaciones, se suma otro récord histórico para la actividad, pues en 2009 alcanzó un total de 806 millones de dólares, y las exportaciones para el presente año están estimadas en unos 910 millones de dólares.
Este crecimiento sustancial no sólo se plasma en índices económicos. Es destacable el desarrollo que tuvieron los proveedores de servicios mineros y la explosión de inscriptos y egresados en carreras afines a la minería dictadas en la UNSJ. En este último caso y según Jaime Bergé, vicepresidente de la Cámara Minera de San Juan, “hoy en los proyectos mineros hay un ingeniero entre cada 10 ó 12 operarios, es decir, se ha cuadruplicado la demanda de profesionales porque el equipamiento tecnológico de la actividad así lo exige”.
En la misma línea y con el inicio de producción de Gualcamayo en Jáchal, se creó en este departamento la Tecnicatura Universitaria en Exploración Geológica (TUEG), dando respuesta al reclamo histórico de una carrera universitaria en estas tierras. Sólo para el ingreso que inició este año, la TUEG tuvo una inscripción de 300 postulantes. Con la próxima explotación de Casposo, en Calingasta, a partir de septiembre de 2010, se espera cambios similares.
Antes de la minería metalífera, la actividad minera de San Juan se concentraba en la explotación de minerales industriales como arcillas, bentonita, cuarzo, sulfato de aluminio y magnesio; minerales para la construcción como calizas y áridos, y la explotación de dolomitas, destinadas a la industria siderúrgica.
El petróleo y el uranio, por su parte, conformaban un sueño del pasado que reflotó hace un par de años, luego de que se decidiera retomar la búsqueda de petróleo en Jáchal, hoy con estudios de sísmica, y que desde la Secretaría de Minería local se autorizara cateos para la búsqueda de uranio, también en el norte sanjuanino.
A pesar de este presente promisorio, la minería en San Juan también atraviesa cuestiones pendientes. La construcción del proyecto binacional Pascua Lama crea expectativa entre los departamentos mineros de la provincia, ante la posibilidad de colocar a su gente en los puestos de trabajo que se pueda generar. El reclamo de estos departamentos, en particular Iglesia y Jáchal, es que las empresas que hoy operan en la zona (Barrick en Iglesia y Minas Argentinas SA en Jáchal) no han contratado la cantidad de gente local esperada.
El otro punto pendiente que en forma constante es exigido por los medios de prensa, es la comunicación de la actividad minera. El reclamo es válido tanto para las empresas mineras como para los organismos del Estado vinculados al tema. Si bien se reconoce que se avanzó al respecto, sigue siendo complejo el acceso a determinados temas y en algunos casos, el acceso a la información es hasta burocrático. Además, no existe en la provincia un banco de datos que concentre la información estadística de la actividad.