Desde que estallara el año pasado el escándalo revelado por el ex espía de la CIA, Edward Snowden, el gobierno de los Estados Unidos ha confirmado por primera vez la existencia de la cuestionada práctica de violar las comunicaciones privadas en busca de información sensible, argumentando el interés de la seguridad nacional.
A pesar de las reticencias, disculpas, cuando no negativas formales de la diplomacia, Washington acaba de revelar que espió a 89.000 "objetivos” extranjeros durante 2013 como parte de sus operativos secretos para recolectar información de inteligencia internacional, según el Informe de Transparencia de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia, el área específica de la Agencia Nacional de Inteligencia (NSA) donde se centralizaron las mayores críticas.
Aún cuando se acepta este procedimiento irregular en un intento darle visos de transparencia sobre estas estrategias, los datos publicados corresponden solo a 2013 y no contienen detalles. El informe oficial se refiere al "objetivo” pero no precisa si hace referencia a individuos, organizaciones estatales o civiles, a empresas o personas, donde se encuadran los medios y periodistas espiados, ni tampoco a los gobiernos extranjeros, caso de Brasil y Francia, que repudiaron esas maniobras secretas y presentaron protestas formales al propio Barack Obama.
Pero también el Presidente tiene un escape a su responsabilidad, ya que de acuerdo a la legislación estadounidense, la NSA puede interceptar sin necesidad de una orden judicial las comunicaciones de extranjeros que vivan fuera de EEUU para obtener información de inteligencia. Todo parte de un tribunal secreto, creado tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas y El Pentágono. Este tribunal, conocido como FISA, es el que dio luz verde a la recolección diaria de casi todas las comunicaciones telefónicas realizadas dentro del territorio norteamericano, que ahora se conoce.
En mayo pasado la Cámara de Representantes dispuso limitar esos poderes, y ahora el proyecto está pendiente de aprobación en el Senado. Prohibe a la NSA almacenar por su cuenta miles de millones de esos "objetivos”, y serán las compañías telefónicas las que almacenen esa información, durante 18 meses, para informar ante la autorización judicial sobre una razón específica.