La reprogramación de las deudas de las provincias con la Nación ha sido una bocanada de aire fresco para las finanzas de los 18 Estados federales firmantes del acuerdo, porque no sólo aliviará los compromisos provinciales y municipales sino se proyectará en obras y servicios prioritarios. Este acuerdo resulta también trascendente en momentos en que algunas administraciones muy comprometidas comenzaban a hablar de cuasi monedas para hacer frente a sus gastos corrientes, con la gravedad que esto implica.
El jefe de Gabinete del Gobierno nacional, Jorge Capitanich, ha señalado que el acuerdo de refinanciación de deudas suscripto con 18 provincias -incluyendo San Juan- significa un alivio significativo en sus cuentas públicas, y remarcó que esta iniciativa de la presidenta se sustenta en el federalismo que se ha venido practicando en el transcurso de los últimos diez años. Según el funcionario, con el aumento de las transferencias nacionales en concepto de recursos coparticipables y otras leyes especiales, se alcanzó un incremento del 1.024%, para cubrir una agenda de construcción de políticas públicas con provincias y municipios.
Capitanich observó que si se toma la totalidad de los recursos, alrededor de 856.744 millones de pesos, transferidos en el transcurso de 2013, y los 634.840 millones de pesos que se giran a las jurisdicciones provinciales de acuerdo a múltiples conceptos, finalmente lo que se debe observar es que las provincias reciben en sus respectivas jurisdicciones el equivalente al 74% del Presupuesto Nacional asignado. Estos recursos van desde las transferencias por coparticipación federal y leyes especiales, a los recursos del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la seguridad alimentaria, préstamos netos, jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo y los subsidios al transporte, al gas y la energía eléctrica.
Como ha expresado el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo sanjuanino, Sergio Uñac, "’esto nos viene muy bien para mantener el equilibrio financiero de la provincia”, una expresión que resume los alcances del Programa Federal de Desendeudamiento. Pero no deja ser otro parche financiero que alivia pero no cura, porque se sigue postergando la cuestión de fondo: una nueva Ley de Coparticipación Federal que impida las ayudas políticas discrecionales. Por ejemplo los cuestionados Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que se otorgan políticamente, según la afinidad de los gobiernos provinciales con la Nación.