La decisión dispuesta por el fiscal De Sanctis llega en un marco de algunos escándalos por causas que caducaron o prescribieron y que le hacen perder recursos a la Provincia.
Por ejemplo hace poco más de una semana se conoció el caso de que el Gobierno tuvo que pagar dos veces por la expropiación del Molino de Huaco, en Jáchal, porque el expediente del primer depósito, en 1979, se extravió y no se sabe de cuánto fue o si alguien lo cobró.
Incluso la llegada de De Sanctis al cargo fue tras la renuncia de Mario Díaz, quien dejó el puesto el año pasado en medio del escándalo de las expropiaciones, el caso el que se sospecha que había una red de profesionales, jueces y empleados del Estado que se ponía de acuerdo para sacarle plata de más a la provincia por terrenos expropiados.
Entre los problemas más frecuentes en el ámbito de la administración pública se encuentran los amparos por mora, que son recursos generados a partir de medidas administrativas no cumplidas, que generan al Estado el pago de multas llamadas astreintes.
