El Gobierno nacional envió al Congreso a un proyecto de ley para sancionar a agentes de fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y porteñas que ‘abandonen injustificadamente‘ el servicio y descartó la creación de un fondo federal para pagar los aumentos salariales que dieron las provincias a los policías que hicieron huelgas.

La iniciativa, que busca sustituir el artículo 252 del Código Penal, fue incluida en el temario que propuso el Ejecutivo para ser tratado durante las sesiones extraordinarias del Congreso, según el decreto 2.167 publicado ayer en el Boletín Oficial.

El senador K, Aníbal Fernández, autor del proyecto, remarcó que ‘es imperioso que se reglamente de 1 a 3 años la sanción para los que hubieran abandonado o no se presenten a prestar el servicio como corresponde a una fuerza policial ya sea Nacional o Provincial o una fuerza armada como el servicio penitenciario‘. Asimismo, impulsó que se aumenten las penas de ‘2 a 8 años cuando hubiese destrucciones en las Fuerzas, ante terceros, lesiones o muerte de tercero‘. Fernández explicó que su proyecto es una nueva modificación del artículo que sanciona los delitos contra la administración pública y que incluso prevé en algunos casos ‘la inhabilitación definitiva para cargos públicos‘.

El texto que sustituye al art. 152 del Código Penal, mantiene las multas de 750 a 12.500 pesos e inhabilitación especial de un mes a un año para ‘el funcionario público que, sin habérsele admitido la renuncia de su destino, lo abandonare con daño del servicio público‘. Ahora, se agregó que ‘el miembro de una fuerza de seguridad Nacional, Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o agencia estatal armada que por su naturaleza tenga a cargo el cuidado de personas‘ que abandone ‘injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitiere la prestación regular de la función a la que reglamentariamente se encuentra obligado‘, será reprimido con ‘prisión de uno a tres años‘. Además, le cabrá ‘inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena‘. Asimismo, añadió que si por el abandono de funciones ‘se produjeren daños a bienes de la Fuerza, de terceros, lesiones o muerte de sus camaradas o terceros, se aplicará una pena de prisión de dos a ocho años e inhabilitación absoluta‘ para cargos públicos.

En tanto, Jorge Capitanich, descartó la creación de un fondo federal -como sugirió el gobernador José Manuel de la Sota- para financiar los aumentos a los policiales concedidos por las provincias para aplacar las protestas que se sucedieron en casi todo el país y que dejaron 16 muertos. El jefe de Gabinete señaló que ‘cada una de las provincias dispone de sus fuentes de financiamiento para atender la política salarial de sus administraciones‘ y puso como ejemplo la reforma tributaria de Entre Ríos. (DyN)