En el primer semestre de este año fueron incineradas 15 toneladas de cocaína y 32 toneladas de marihuana, que estaban en depósitos de las fuerzas de seguridad como resultados de operativos contra el narcotráfico en la Argentina. La sola mención de las cifras, da cuenta de la magnitud de la actividad de los narcotraficantes.
Si bien el informe del Ministerio de Seguridad de la Nación señala que la droga no fue secuestrada en estos seis meses sino que estaba a la espera de la liberación judicial, para lo cual se necesitaron 480 requerimientos formales de autorización en distintos juzgados para poder incinerarla, igual impactan los números. Es decir, se puso en marcha un protocolo de destrucción de los estupefacientes incautados en distintos procedimientos, mediante un pormenorizado proceso de clasificación, pesaje y traslado para su posterior destrucción por parte de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
No obstante estas aclaraciones, los especialistas en el tema del tráfico de drogas estiman que la cantidad alucinógenos que se secuestra en los procedimientos contra los narcos, siempre es un porcentaje estimado en un 10-15% de la que circula. Obviamente la droga incautada es mucho menor de la distribuida en el mercado interno bajo diferentes modalidades de las bandas, como también del tránsito con destino a terceros países, en particular Europa.
También coinciden los investigadores en que no obstante la cantidad de droga incinerada, la lucha contra el narcotráfico y el consumo podría tener resultados mucho más exitosos si en el país se extreman los recaudos y perfeccionar los mecanismos para combatir el accionar de los cárteles afincados entre nosotros.
A diferencia del empeño mostrado por otras naciones en esta lucha contra las poderosas bandas internacionales, nuestras autoridades muestran un relajamiento preocupante. Un ejemplo es la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), acéfala desde hace cinco meses, tras la renuncia de Rafael Bielsa, y marginada en la reglamentación de la ley de salud mental, ya que la prevención y atención de las adicciones es ahora responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación.