El resultado de la encuesta mundial 2010 de la ONG Transparencia Internacional, publicado en Berlín, revela un nuevo aplazo a nuestro país en nivel de corrupción: 2,9 puntos sobre 10, el mismo puntaje que recibe desde 2006. El estancamiento en la lucha contra la corrupción tiene diversidad de análisis y explicaciones posibles: la falta de acceso a la información, la impunidad en materia judicial, o los bajos niveles de control.
El resultado es contundente a la hora de evaluar las cifras si se tiene en cuenta que la Argentina se ubica en el puesto 105 de un total de 178 países analizados. Ahondar los perjuicios sociales que trae aparejada la corrupción se vuelve sobreabundante. Existen amplios consensos acerca de las consecuencias negativas que acarrea sobre las instituciones democráticas, el desarrollo económico, e incluso sobre su claro vínculo con concretas vulneraciones a los derechos de los grupos más desfavorecidos de la sociedad.
Hay coincidencias sobre las medidas que deben adoptarse, aunque las decisiones políticas no coincidan. Es necesario que se produzcan reformas estructurales en la Unidad de Información Financiera, organismo encargado de evitar y sancionar el lavado de dinero. Un reciente informe del GAFI criticó con términos durísimos los pocos avances realizados en esta área. A su vez, resulta imperativo que se adopten medidas legislativas y judiciales para enfrentar de una vez la corrupción. Prácticamente, todas las denuncias encuentran dificultades para su resolución final.
Por otro lado, pese a los numerosas denuncias que se produjeron a partir de la utilización de fondos reservados en poder de la Secretaría de Inteligencia del Estado -caso de las coimas en el Senado de la Nación-, no se llevó adelante desde entonces ninguna reforma para evitar que se reiteren. Otros ámbitos clave para la prevención de la corrupción incluyen el fortalecimiento y dotación de mayor autonomía de los organismos de control, revisiones sobre el financiamiento de las campañas electorales, la regulación sobre los aportes de ATN a las provincias y los subsidios estatales a organizaciones sin fines de lucro y a particulares.
Una clásica fórmula de Robert Klitgaard, catedrático de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, define a la corrupción como igual a monopolio más discrecionalidad menos transparencia. Argentina debe robustecer los esfuerzos para obtener algunas de las transformaciones necesarias en materia de transparencia.