Luego de ser destituido como juez y de recibir 2 denuncias penales por las presuntas irregularidades que cometió en 5 juicios de expropiaciones que le terminaron costando millones de pesos a la provincia, Carlos Macchi decidió abrir el paraguas. A través de su abogado, ayer presentó un escrito en el que solicitó la eximición de prisión (no quedar detenido) mientras está bajo investigación en la megacausa de las expropiaciones.
De todas formas, fuentes vinculadas al caso especularon con que el planteo podría ser rechazado por improcedente, en virtud de que es extemporáneo. Es que al no existir un requerimiento fiscal, no hay imputación contra el exjuez y en consecuencia, no hay motivos aún para que pida que se lo exceptúe de ir a prisión.
El exmagistrado teme que sea apresado por la Policía como cuando la jueza María Inés Rosselot ordenó, en marzo del año pasado, la captura de 12 sospechosos de integrar una red de abogados, jueces y funcionarios que inflaban el valor de los terrenos que expropiaba el Estado para sacar sumas millonarias. En ese procedimiento, 11 implicados fueron detenidos, entre los que estaban la exjueza Rosalba Marún, el exfiscal de Estado, Mario Díaz, y el abogado Santiago Graffigna, procesado como el líder de una asociación ilícita. Todos luego fueron liberados y sólo este último se encuentra alojado en el Penal de Chimbas, ya que la calificación legal que le impusieron no permite la excarcelación.
Además, en una de las denuncias contra Macchi, la que presentó el fiscal de Cámara, José Mallea, que actuó como acusador en el proceso de destitución, quedó plasmada la idea de que el exjuez también fue un organizador de esa red delictiva, a la par de Graffigna.
La presentación de Macchi se suma a una serie de planteos que están pendientes de resolución en el Quinto Juzgado de Instrucción (ver recuadro), debido a la ausencia de juez. Sucede que Rosselot, la titular del Tribunal, está de licencia y hasta el momento no se pudo encontrar quien la reemplace. Primero, por la inhibición de 2 de sus colegas (Pablo Flores y Guillermo Adárvez), quienes alegaron razones de amistad con una de las imputadas, y segundo, porque se entabló un problema de competencia entre otros 2 jueces (Maximiliano Blejman y Benito Ortíz), por lo que será la Corte de Justicia quien debe definir quién de estos últimos debe hacerse cargo de la megacausa.
Tras ser sometido a una Jury de Enjuiciamiento, Macchi fue destituido como juez del Quinto Civil por las causales de mala conducta y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo por haber cometido severas anomalías en 5 juicios de expropiaciones, en los que repotenció de manera arbitraria e ilegítima los montos de las indemnizaciones, tendiendo a beneficiar a Graffigna. Luego de que perdiera sus fueros, el primero en denunciarlo penalmente fue el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, quien destacó la connivencia entre ambos para estafar al Estado. Además, señaló que el exmagistrado llevó a cabo actos irregulares y que en todos los casos aplicó una forma ilegal de valuación. En el caso “Ruiz, Guillermo”, por una esquina de 1.400 m2, la provincia pagó 23 millones de pesos. Y el caso más emblemático fue el llamado “Parque de Mayo”, en el que la liquidación alcanzaría los 1.500 millones de pesos, cuya sentencia de pago se encuentra suspendida por la investigación de la megacausa. Después vino la denuncia de Mallea, quien explicó que ninguno de los pedidos irregulares del abogado podrían haber prosperado si Macchi le hubiera puesto un freno. Por eso, destacó que tuvo “una actuación teñida de parcialidad, con una clara intención de favorecer a una de las partes, a Graffigna”.