En el marco del proceso de remoción del juez civil Carlos Macchi, quien está en la mira por el escándalo de las expropiaciones, el fiscal de Estado presentó ayer la acusación en su contra y pidió que sea suspendido en su cargo hasta que finalice el proceso. Si bien el Jurado de Enjuiciamiento, el organismo encargado de juzgar y destituir a los magistrados, tiene la facultad de separar provisoriamente a un acusado por decisión propia, ahora deberá resolver si acepta o rechaza el planteo de la querella. Si da el visto bueno, puede hacerlo en cualquier momento.

Con la acusación que hizo el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, se abrió el camino para que el proceso termine sí o sí en un juicio oral y público, el cual puede tener como resultado la absolución o la destitución de Macchi. El titular del organismo que defiende los intereses de la provincia ahora puede actuar como acusador especial en las causas en las que está en juego el patrimonio del Estado gracias a la reforma de la ley de Jury que aprobó la Cámara de Diputados, ya que antes lo hacía solamente el fiscal General de la Corte de Justicia. Si esa otra pieza clave decide, por ejemplo, no acusar, el fiscal de Estado está habilitado a ir por su cuenta y encabezar la parte acusatoria.

La querella apunta a remover al magistrado, para luego denunciarlo penalmente e incorporarlo a la megacausa de las expropiaciones. Ese expediente se gestó cuando la gestión giojista presentó en 2010 una denuncia para que se investigue si una red de funcionarios, abogados y jueces infló mediante maniobras ilegales el valor de los terrenos que el Estado expropió y conseguir así, que desembolsara cifras exorbitantes.

Ahora falta saber si habrá acusación o no del fiscal General subrogante, José Mallea, quien reemplaza a Eduardo Quattropani, quien se inhibió de actuar en el caso. El plazo que tiene es hasta el 30 de este mes, pero fuentes judiciales señalaron que la presentación estará antes. Luego de las 2 resoluciones, se notificará al magistrado para que haga su descargo en un lapso de 15 días. Después, el Jurado estará en condiciones de fijar la fecha de inicio del juicio.

La solicitud de suspensión contra Macchi se fundamenta en la “entidad y gravedad” del caso y en “la afectación de las instituciones y el erario público”. El fiscal De Sanctis lo acusa de falta de cumplimiento de los deberes a su cargo y mala conducta, al endilgarle decenas de irregularidades que ayudaron a consumar una presunta estafa contra la provincia (ver aparte). En el escrito señala que en un grupo de causas que se radicaron en su juzgado, el Quinto Civil, hubo “una larga cadena de actos ilegítimos e ilegales sobre cuya base se dictaron sentencias arbitrarias e irrazonables” y agrega que “se termina provocando gravísimos daños al erario público… en directa relación y a favor de los intereses del abogado Santiago Graffigna”. El letrado está señalado como líder de una asociación ilícita y es el demandante en los 4 juicios que tuvieron sospechosas sentencias en el juzgado de Macchi: “Ruiz, Guillermo” por el que se pagaron 22 millones de pesos por apenas una vereda de 1.500 metros; Canal Benavídez, en el que hubo sentencia por 70 millones; la causa Anes, por más de 11 millones, y Parque de Mayo, por la increíble suma de 1.500 millones. Pero, además, la querella sumó una nueva causa, denominada “Herrería”, en la que se repite el esquema de no considerar la pericia del Tribunal de Tasaciones en la valuación de un terreno y sí la del perito de Graffigna, supuestamente para favorecerlo en perjuicio del Estado.