Tal como había anunciado, y después de quedar imputado por su participación en sociedades offshore develada en los ‘Panamá Papers’, el presidente Mauricio Macri presentó ayer un escrito en la Justicia civil solicitando una declaración de certeza. Mientras, el juez federal Sebastián Casanello se puso en marcha y ya investiga al Presidente en el marco de la causa iniciada por el fiscal Federico Delgado tras la denuncia del diputado K de Neuquén, Norman Martínez.
Por lo pronto, Casanello convocó para el lunes a prestar declaración testimonial al periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon, quien participó de la investigación denominada Panamá Papers, y a la abogada Silvina Martínez, integrante de los equipos técnicos de la diputada nacional Margarita Stolbizer, por su especialización en sociedades extranjeras y offshore.
El fiscal Delgado había ordenado el jueves la apertura de una causa penal para determinar, como primer paso, si el Jefe de Estado ‘omitió maliciosamente‘ en su declaración jurada de bienes dos sociedades offshore que abrió en 1998 su padre, Franco Macri.
En declaraciones a radio Vórterix, Delgado aseguró ayer que su objetivo es determinar ‘si hubo una omisión maliciosa en la declaración jurada‘ y, en ese caso, ‘si fue a propósito‘ o si al mandatario ‘se le escapó la tortuga‘.
Sobre la declaración de certeza que pidió Macri ante el fuero civil, el fiscal explicó que ‘no interfiere con la investigación‘ iniciada en la Justicia Federal sino que ‘son cosas paralelas‘.
No obstante, el funcionario judicial afirmó que ‘si el juez que interviene aclara algún tipo de duda o dicta sentencia sobre un punto específico que le pregunte, eso alguna eficacia penal tiene que tener, pero sería parte de la investigación‘.
Más a allá de la citaciones a testimoniales, el juez Casanello aún no había ordenado otras medidas sugeridas por el fiscal. Entre ellas, la de requerir a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Inspección General de Justicia (IGJ) un ‘amplio informe‘ sobre las dos sociedades offshore en cuyo directorio figura el presidente Mauricio Macri.
Se trata de la firma Fleg Tradin LTD, radicada en las Islas Bahamas desde el año 1998, en la que Mauricio Macri ‘fue director y vicepresidente‘, y de otra sociedad denominada Kagemusha SA, ‘registrada en Panamá y aún en funcionamiento‘.
También, entre las medidas sugeridas por el fiscal Delgado a Casanello, se incluye la de requerir a la Administración Federal de Ingresos Públicos las declaraciones juradas de Macri y un informe sobre qué sujetos están obligados a declarar sus sociedades offshore.
Por otro lado, pidió que se solicite opinión a expertos de la Facultad de Derecho de la UBA y de la Universidad Di Tella sobre si Macri debería haber incluido en sus declaraciones juradas esas sociedades offshore ‘a la luz de la Ley de Ética Pública‘.
Bajo este contexto judicial complejo y en medio de un estricto hermetismo y sin entregar el escrito presentado a la prensa, los abogados particulares de Macri, Felipe Llerena de Llerena & Asociados, presentaron el pedido de declaración de certeza que recayó ante el Juzgado Civil nº 104 de Capital Federal, a cargo del juez Andrés Guillermo Fraga. Tal como anticipó el jueves el propio Macri, la presentación tuvo por objetivo solicitar que ese fuero administrativo y comercial defina si hubo irregularidades o no en la omisión de las sociedades offshore en las declaraciones juradas presentadas por el mandatario entre 1998 y 2008.
En ese marco, los abogados de Macri ‘pidieron una serie de trámites reservados para iniciar el expediente‘ en la Justicia Civil y ‘que el juzgado recolecte la información y documentación que haga falta‘ para la declaración de certeza respecto de las Declaraciones Juradas del jefe de Estado. DyN-Télam