El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, anunció ayer que pedirá a la Legislatura de la ciudad "abrir el juicio político" en su contra por acusaciones acerca de escuchas ilegales, aunque ya estima que la oposición no contará con los votos necesarios para su destitución.

"Busco darle la mayor transparencia a esta situación y por eso les dije a los legisladores del PRO (macrismo) que pidan abrir un Juicio Político sobre los delitos que se me acusan", precisó Macri. "Busco demostrar que esto es una operación política de Néstor Kirchner", reiteró el jefe comunal durante una conferencia de prensa en la sede del Ejecutivo porteño.

Macri recordó ayer que el último lunes pidió acelerar el juicio oral en su contra para "esclarecer el tema". Reconoció que ahora la causa "depende de (el juez Norberto) Oyarbide", que lleva adelante la investigación en su contra. Ante el temor de que ese proceso demande meses e incluso años para obtener una resolución -dijo Macri-, es que en su espacio se evaluó la posibilidad de pedir un juicio político, que permitiría resolver el tema antes de fin de año.

Macri justificó la decisión del PRO de frenar la comisión investigadora el martes pasado en el recinto, explicando que todo eso se trató de un mecanismo "desprolijo" en medio de una sesión especial fuera del período ordinario. En realidad, los macristas se encuentran preocupados porque dicha comisión podría incrementar el "circo mediático", sin una resolución favorable para Macri que podría frenar sus aspiraciones para el 2011. Debido a que el macrismo tiene respaldo en la legislatura, Macri se alzaría con una victoria en el proceso que lo dejaría muy bien posicionado de cara a las elecciones presidenciales de 2011.

En el PRO pronostican que el proceso en la legislatura podría comenzar en dos semanas, cuando finalice el receso. El PRO, con 24 votos sobre 60, tiene la facultad de impedir una condena. La Legislatura tiene una Sala Acusadora, compuesta por 45 diputados, y una Sala Juzgadora, en la que se cuentan los otros 15 del total del pleno.

La Sala Acusadora tendrá 60 días hábiles parlamentarios para emitir un dictamen en el que se determine si es o no factible un juicio político. En esa sala, el PRO tiene 19 votos, mientras que el resto de la oposición cuenta con 26. Para aprobar una acusación, la Constitución establece como exigencia una mayoría calificada de dos tercios del total, es decir 30 diputados.

El macrismo ya confía en que no se alcanzará ese número para lograr que el asunto pase a la Sala Juzgadora, donde se definiría la continuidad del Jefe de Gobierno.