Ruanda, protagonista de uno de los peores genocidios de la Historia, ha logrado superar su estigma de la mano de un férreo régimen con la disidencia y las libertades, pero artífice del gran crecimiento económico del país.
Unas 800.000 personas fueron asesinadas en el genocidio de Ruanda, ocurrido en ese minúsculo país de África Central entre abril y julio de 1994. La mayoría de las víctimas de ese histórico ‘infierno’ fueron de la etnia tutsi, aunque también fueron exterminados algunas personas de la etnia hutu, a la que pertenecían los autores de la matanza. Incluso murieron soldados del Ejército y miembros de la milicia extremista ‘Interahamwe‘ (los que matan juntos).
El mayor genocidio registrado en el mundo, según la Organización de las Naciones Unidas, comenzó hace 20 años, la noche del 6 de abril de 1994, sólo horas después de que el presidente del país, Juvenal Habyarimana, muriera, cuando fue alcanzado por dos misiles el avión en el que se disponía a aterrizar en el aeropuerto de Kigali, capital ruandesa.
Habyarimana, que había llegado al poder en 1973 mediante un golpe de Estado, pertenecía a la etnia hutu, mayoritaria en el país. Los hutus atribuyeron el magnicidio a los tutsis del Frente Patriótico Ruandés (FPR), movimiento guerrillero con el que habían librado una guerra civil intermitente desde 1990.
Con un modelo de subsistencia basado en la ganadería, los tutsis se habían convertido desde el siglo XVI en señores feudales, mientras que los hutus eran sus siervos.
�En 1962, el rey tutsi había muerto y los hutus se rebelaron y tomaron el poder. Las tensiones étnicas eran cada vez más fuertes. Ante la muerte del dictador hutu Habyarimana en 1994, los miembros de esa etnia comenzaron a matar en 1994 a tiros y machetazos a mujeres, niños y ancianos tutsis. Ruanda, con ocho millones de habitantes, se convirtió en una inmensa fosa común ante la pasividad del mundo.
Los hutus decapitaban tutsis y quemaban las casas de sus vecinos. Medio millón de mujeres jóvenes fueron violadas, según Naciones Unidas. Los hutus obligaron por ejemplo a unos 5.000 tutsis a concentrarse en una iglesia, en supuesto refugio, y luego les lanzaron granadas y mataron a todos.
Como perros:
El genocidio terminó cuando los tutsis que estaban en el exterior, que se aglutinaron en el FPR, al mando de Paul Kagame, lograron tomar la capital, Kigali, en julio de 1994. Cuando vieron lo que había sucedido comenzaron a perseguir a los genocidas hutu (mataron al menos a 25.000) y muchos de ellos huyeron con sus familias al vecino Congo, entonces llamado Zaire.
Allí, las personas morían como perros en las calles. Hasta Zaire persiguieron y mataron a unos 200.000 hutus más. Los cuerpos flotaban en el lago Kivu, donde la gente tomaba agua. En apenas 48 horas, las ciudades fronterizas zaireñas vieron llegar a 1,2 millones de refugiados ruandeses, que vivían en miserables condiciones. Pronto hubo brotes de cólera, disentería y meningitis.
El FPR, al mando del actual presidente Paul Kagame, instó a los refugiados a regresar al país, pero al mismo tiempo pidieron a la comunidad internacional la formación de un tribunal para juzgar a los hutus por genocidio. El 8 de noviembre de 1994, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) encargado de investigar el genocidio. El 2 de septiembre de 1998, el TPIR declaró culpable de ‘genocidio‘ al exalcalde Jean Paul Akayesu, en la primera sentencia de este tipo en la historia de la Humanidad.
Salvador de Ruanda para unos y autoritario represor para otros, Kagame suele concitar elogios por haber estabilizado la nación. El presidente es el creador de la nueva identidad ruandesa, llamada a reconciliar etnias enfrentadas. Pese a que fue culpado por la muerte del dictador hutu Habyarimana.
El régimen de Kagame, en el poder desde el año 2000, también ha impulsado la transición de la economía desde un modelo agrario a otro basado en el sector servicios y el conocimiento. El Banco Mundial en su último informe sobre el país, destaca que entre 2001 y 2012 creció en un 8,1 por ciento anual y experimentó una reducción de la pobreza del 14 por ciento.
En contraste, el Gobierno es acusado de amordazar la libertad de expresión, apoyar a grupos rebeldes y presionar a disidentes.
Fuente: Efe