En el Ministerio de Gobierno cambiaron de decisión y no retirarán la vigilancia policial de los edificios del Poder Judicial. La medida había sido notificado la semana pasada a la Corte de Justicia a través de una nota firmada por el secretario de Seguridad, aduciendo que los efectivos que hacen ese trabajo iban a ser afectados a otras tareas. El máximo tribunal reaccionó ayer con una resolución, en la que se toma de una ley para advertirle a los funcionarios de la cartera política que el servicio es obligatorio y que lo deberán seguir prestando. El ministro Adrián Cuevas negó que haya estado en los planes sacar la vigilancia, como lo decía el documento, y dijo que se sentará a analizar el tema con los cortistas.
La medida salió a la luz el lunes, cuando se conoció la nota del secretario de Seguridad, Miguel González. Le pedía a la Corte que tomara las medidas pertinentes, porque a partir del 1 de mayo iban a disponer de los efectivos que vigilan los edificios judiciales. Explicó que se ha resuelto implementar una reorganización operativa de la fuerza. Sin embargo, en su entorno dijeron que también tenía que ver que el Poder Judicial no pagaba por el servicio adicional de custodia, como sí lo hacen otras reparticiones del Estado.
El tema desató repercusiones desde muy temprano ayer. En Radio Colón, González opinó que el Poder Judicial debe pagar por la vigilancia, porque es un adicional (tarea extra que ejecuta la Policía y por la que cobra), y ratificó que la medida se iba a aplicar desde mayo.
Minutos más tarde, también en Radio Colón, el cortista Adolfo Caballero dio a conocer que con sus pares elaboraron una resolución sobre el tema y lanzó: “No tenemos que pagar, han interpretado equivocadamente. Hay que recordar que la Corte de Justicia es quien interpreta la ley, no el particular o el funcionario”. Además, remarcó que es obligación de la Policía custodiar los bienes del Estado.
La ley a la que hizo referencia es la 6.458, concretamente el artículo 1. Dice que “los servicios de seguridad, custodia, y vigilancia para edificios y actividades del Estado provincial deberán ser cubiertos exclusivamente por la Policía de la provincia o por los propios sistemas de seguridad dependientes de cada repartición”.
Horas más tarde, Cuevas puso paños de agua fría y contradijo la medida que trascendió inicialmente. El ministro, que es el superior de González, aseguró que “en ningún momento se va a levantar la custodia en los edificios judiciales, nunca se pensó”. Dicho en otras palabras, la vigilancia la seguirán haciendo los efectivos de la fuerza de seguridad.
A esa altura, la Corte ya había mandado la resolución a modo de respuesta al Ministerio de Gobierno. El documento dice en uno de sus párrafos que “el Poder Judicial no cuenta con sistemas de seguridad propios” y que el servicio debe “ser cubierto exclusivamente por la Policía de la provincia”. Además, indica que “el servicio de seguridad resulta esencial”.
Cuevas contó que analizar el tema con el máximo tribunal. “Son dos interpretaciones, que el servicio se debe prestar como se hace actualmente y que es un adicional, los vamos a charlar”, sostuvo. Para terminar de bajar el tono, aseguró que “no existe ningún conflicto, por el contrario estamos trabajando en mucho temas juntos porque hay una relación estrecha”.