Por unanimidad, ayer los concejales de Caucete dieron marcha atrás con la polémica ordenanza por la cual se elevaban los sueldos de toda la planta política del departamento en casi un 40 por ciento. En los hechos, no renunciaron a una recomposición porque igual esperan que el intendente les dé una mejora, pero con los fondos que pueda el municipio.

Este "semi-repliegue" fue después de que el intendente Juan Elizondo desconociera la iniciativa y que dijera públicamente que iba a vetar la norma.

Así, ayer votaron a favor de volver a fojas cero los justicialistas Pedro Díaz, Gerardo Bustos, Carina Ortega y Pedro Zalazar, más la basualdista Marcela Carrasco y el radical Hugo Bueno.

La votación se dio con algunos ingredientes extra. Por un lado, estuvo ausente el otro basualdista, Claudio Ramis, a quien señalan en el Concejo como autor de la iniciativa, aprobada el jueves último. Y por el otro, Carrasco -que fue la única que votó en contra al aprobarse la ordenanza- y Bueno -que esa sesión había estado ausente- se adjudicaron, cada uno por su parte, el impulso de la derogación de la polémica ordenanza.

Lo que la ordenanza anulada había fijado era una actualización en el sueldo del intendente, que repercute directamente en el cálculo de los concejales y los secretarios en el orden de un 85 y 80 por ciento.

Ahora, los sueldos de los funcionarios cauceteros volvieron a quedar como estaban, con la última actualización correspondiente a 2007.

El jueves pasado, el jefe comunal se mostró sorprendido ante la consulta de este diario sobre el tema y dijo que "no tengo nada que ver, no fue iniciativa mía".

Luego, anunció que vetaría la ordenanza porque no estaba en condiciones financieras de aplicar el aumento como se había dispuesto. Aseguró que les iba a transmitir eso en una reunión a los concejales justicialistas y abrió la posibilidad de que "lo arreglen" los ediles, como finalmente pasó.

Ahora, la planta política está expectante de lo que conceda Elizondo, en base al financiamiento posible. Sobre todo, teniendo en cuenta que el resto de los empleados municipales aún esperan una recomposición. El gobierno provincial ya prepara un auxilio de 16 millones de pesos en el marco de los reclamos salariales en las 19 comunas.