Las maniobras evasivas salpican también a la conducción del municipio de Caucete y no se descarta que existan más comunas en la misma situación. De las escuchas telefónicas que dispuso oportunamente el juez Rago Gallo surge que el proveedor Pedro Bustos pidió en varias oportunidades facturas de empresas fantasmas para gastos de la gestión del intendente Julián Gil. Los investigadores presumen que esos instrumentos fueron para justificar gastos que no se hicieron.
En las escuchas, Bustos habla reiteradas veces con Olmos, uno de los señalados como cabecilla. Allí le pide las facturas y hablan de cómo acomodar los presupuestos que harían constar para facturale al municipio caucetero.
El tema causó revuelo en el departamento del Este. Más, cuando Bustos está denunciado por estafa y los opositores suponen que opera bajo el apaño de Gil.