La iniciativa -obtuvo media sanción y fue aprobada por 227 votos contra uno- declara la emergencia social hasta diciembre del 2019 y establece un refuerzo adicional de las partidas en unos 30.000 millones de pesos, para lo cual se autoriza al jefe de Gabinete a hacer las reasignaciones presupuestarias para garantizar los fondos necesarios.
De todos modos se establece que esas reasignaciones presupuestarias no podrán afectar los recursos destinados a los gastos sociales sino que deberán obtenerse de otras partidas que están contempladas en el presupuesto.
El proyecto contó con el respaldo oficialista de Cambiemos, el Frente Renovador, el Movimiento Evita, el bloque Justicialista y el Frente para la Victoria-Partido Justicialista, Progresistas, pero no fue votado por la izquierda, que optó por la abstención.
El proyecto tiene como objeto ‘promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en todo el territorio nacional en la economía popular con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional‘.
Además dispone la creación del ‘Consejo de la Economía Popular y el Salario Social‘, que estará integrado por un representante del Ministerio de Desarrollo Social, otro del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Hacienda, y tres de las organizaciones sociales que estén inscriptas en el registro respectivo.
Asimismo, establece la creación de un Registro Nacional de la Economía Popular (Renatrep) ‘a los efectos de la inscripción de los trabajadores de la Economía Popular que serán alcanzados por los beneficios del Registro’.
De acuerdo al proyecto, los actuales programas sociales nacionales se articularán con la intervención del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario promoviendo su progresiva transformación en Salario Social Complementario.
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO), aseguró que el proyecto ‘viene a reconocer el duro diagnóstico de los últimos años y a agregar institucionalidad a lo que antes era el conflicto social, en un marco de diálogo que no existía’.
En tanto, el diputado Alfredo Olmedo (Salta Somos Todos) criticó el proyecto al sostener que los titulares de los planes sociales ‘hacen cola para cobrar por no hacer nada‘ al tiempo que pidió a sus pares que ‘paren la mano, prueben trabajando porque ningún país se levanta fomentando la vagancia‘.
Para apoyar la iniciativa, militantes sociales se concentraron por todo el país. Télam y DyN