El primer megajuicio por delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan comenzó el 7 de noviembre del año pasado. Desde esa fecha hasta ahora han prestado declaración unos 50 testigos, pero todavía resta escuchar a unos 280, según estimó el presidente del Tribunal en lo Criminal Federal de San Juan, Héctor Fabián Cortéz. Junto a Alejandro Waldo Piña y a Raúl Alberto Fourcade integran el tribunal encargado de juzgar a 6 acusados y se han impuesto el objetivo de lograr terminar el proceso este mismo año.
Se le denomina megajuicio porque por resolución del Tribunal se han acumulado 4 causas. Se trata de las causas por la muerte después de haber sido sometido a torturas a Alberto Carvajal, por la desaparición de la joven María Ana Erize, por tormentos agravados a Margarita Camus y por tormentos a Hugo Ricardo Bustos (ver aparte).
Los sometidos al proceso son 6. Se trata de Jorge Olivera, Osvaldo Martel, Rolando Gómez, Horacio Nieto, Alejandro Lazo y Gustavo De Marchi, pero no son todos. Había un sexto acusado, el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, quien fue apartado del proceso porque una pericia médica determinó que no podía afrontar el proceso.
Además, los testimonios escuchados corresponden a la causa Carvajal y es porque el Tribunal habría dejado para el último la causa Bustos, porque es la que concentra la mayor cantidad de acusados prófugos. Se trata de Eduardo Vic, Juan Carlos Coronel, Juan Del Torchio, Carlos Malatto, Jorge Páez y Eduardo Cardozo. De resultar detenido alguno, podría ser incorporado al juicio más adelante.
Los delitos que se les imputan son asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte y homicidios agravados. Los acusados pueden llegar a sufrir penas de hasta prisión perpetua si son encontrados culpables.
Según se ha escuchado en el juicio, en San Juan funcionaron centros clandestinos de detención que estuvieron ubicados en La Marquesita, la antigua Legislatura y el Penal de Chimbas, mientras que la Central de Policía habría sido un lugar donde se hacían detenciones transitorias. Una prueba clave que aún resta producir será una videoconferencia, prevista para julio (ver aparte).