Uniones vecinales y agrupaciones de vecinos de barrios o complejos habitacionales de distintas localidades, tanto de nuestro país como de otros Estados, están adoptando la modalidad de suscribir acuerdos de convivencia entre los vecinos, como una forma de mejorar la calidad de vida y de evitar abusos que, generalmente, terminan perjudicando estilos de vida basados en normas sociales de buen comportamiento y solidaridad comunitaria.
Hay casos en que estos acuerdos son promovidos directamente por los vecinos, a través de sus organizaciones, mientras que en otras existe la intervención de los municipios, a través de los concejos deliberativos o de los propios gobiernos comunales. En cada caso, las disposiciones son similares y apuntan fundamentalmente a evitar problemas de contaminación ambiental, en lo referido a la polución, la producción de ruidos molestos y vibraciones y, además, promover las buenas relaciones entre los vecinos y evitar las conductas reñidas con la moral pública.
En nuestro país, comunidades del Litoral, Centro Este y algunas del Norte, han elaborado este tipo de acuerdos basándose en modelos de algunos países centroamericanos, donde en numerosos barrios de clase media acude a este recurso para mejorar las condiciones de vida frente a un creciente deterioro de las relaciones comunitarias, lo que tiene cierta vinculación con la inseguridad.
Promover este tipo de acuerdos, más allá de parecer redundantes en cuanto al sentido de comunidad, puede ayudar a fortalecer los lazos vecinales en momentos en que las sociedades de distintos puntos del planeta, incluido San Juan, atraviesan por problemas similares vinculados al deterioro de las relaciones humanas.