Ante el caos reinante en Venezuela, los cuatro socios fundadores del Mercado Común del Sur (Mercosur), Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, asumieron la conducción del bloque desconociendo la presidencia pro témpore que correspondía al gobierno de Nicolás Maduro por eludir las normativas del grupo y fijaron un plazo hasta el 1 de diciembre venidero para regularizar la situación.
Considerando la conmoción interna, todo indica que Venezuela será suspendido del Mercosur, ya que para evitar el desplazamiento, el Congreso venezolano debería aprobar en menos de tres meses unas 300 leyes y más de 40 tratados internacionales que rigen para el funcionamiento del mercado regional.
Son principios democráticos que Venezuela nunca aplicó desde su polémico ingreso al bloque, en 2013, y esta adecuación ahora aparece como muy remota por la crisis institucional con presos políticos y una oposición oprimida por el gobierno de Maduro. Según un comunicado de las cuatro cancillerías, el último plazo otorgado a Caracas para incorporar a su ordenamiento jurídico los acuerdos y normas del Mercosur, venció el 12 de agosto último.
El chavismo se resiste a cumplir con el acuerdo de libre circulación de bienes, el Protocolo de Promoción y Protección de Derechos Humanos y el Acuerdo sobre Residencia de Nacionales de los Estados Partes. Frente a la situación interna, es insostenible la presencia bolivariana en el bloque por las reiteradas violaciones de las libertades y derechos humanos. Por ello se debe invocar la Carta Democrática del Mercosur para apartar definitivamente a este socio incorporado más por razones ideológicas que por estrategia comercial.