La desaparición forzada de decenas de estudiantes, desde hace más de un mes en el sur de México, es uno de los problemas políticos más graves de la presidencia de Enrique Peña Nieto en casi dos años de gestión, según lo admiten en el propio Gobierno. La desaparición, ocurrida el 28 de septiembre pasado, tuvo lugar cuando un centenar de estudiantes de magisterio de una escuela rural se enfrentó con policías de Iguala, una de las principales ciudades del violento Estado de Guerrero.

Durante la protesta, la policía abrió fuego contra los jóvenes, mató a dos en el lugar, otro fue hallado muerto después y otros 43 siguen desaparecidos, por lo que decenas de policías y sicarios de la organización criminal "Guerreros Unidos” fueron arrestados y confesaron haberse llevado a los jóvenes por órdenes del alcalde de Iguala y su esposa, porque temían que la manifestación arruinara un encuentro político. Ambos están prófugos y las autoridades tienen pocas dudas de sus vínculos con los cárteles que imponen su autoridad en la zona.

La magnitud de los hechos, con el agravante de que se teme por la vida de las decenas de estudiantes desaparecidos, ha ensombrecido la gestión de Peña Nieto, luego de haber sacado adelante un difícil paquete de reformas clave en áreas estratégicas y sensibles de la economía, y haber asegurado que estaba doblándole el brazo al poderoso crimen organizado, no obstante las fuertes críticas de la oposición y de un amplio sector de la sociedad mexicana que lo acusan de no tener una política de seguridad integral. La imagen presidencial también se la lesionado a nivel internacional ya que se considera que este caso muestra hasta dónde ha penetrado el narcotráfico en la vida del país, corrompiendo hasta las instituciones republicanas.

Es más, los analistas observan que cualquier percepción negativa sobre México representa una preocupación enorme en términos de inversiones, no obstante las profundas reformas estructurales consideradas históricas en este país, que todavía faltan implementarse totalmente. El desarrollo de una de las mayores economías del continente depende ahora de las seguridades que reclaman los capitales, y también de la confianza de los mexicanos hacia las autoridades de una nación dividida por una brecha social marcada por la extrema pobreza y una clase cada vez más acomodada.