Por ello, aunque parezca un milagro de verano, bienvenidas sean las críticas al Gobierno desde un medio del Estado, siempre que se respalden en investigaciones solventes sobre la gestión oficial y no se tiñan de compromisos ideológicos o fanatismos políticos que no caben en los análisis periodísticos corrientes, pues estos deben acercarse lo máximo posible a la objetividad, sobre todo en los medios públicos que son del Estado y no de los gobiernos de turno. En el otro extremo, cada vez que un medio público abunda en elogios al gobierno, está traicionando la calidad de público (de todos, ámbito de interés compartido por la sociedad), y además claramente realiza propaganda, actitud lícita en sí misma si se hace desde un medio privado, pero inaceptable cuando se están utilizando recursos de todos para respaldar un solo sector del arco parlamentario por mucho que este sea el mayoritario. La publicidad ya sabemos, es otra cosa, y está prevista en la Constitución, como uno de los principios básicos del sistema republicano destinado a que el pueblo pueda conocer el trabajo de sus representantes.

En los últimos 12 años se le ha ocasionado un perjuicio al Gobierno de turno desde los medios públicos cuando mayoritariamente se ha elogiado estas etapas administrativas sin subrayar sus errores y, más aún, se han puesto en el aire operaciones o campañas contra la oposición parlamentaria, y en el caso del gobierno que acaba de terminar, contra alguien del propio Frente para la Victoria gobernante, como era el gobernador de Buenos Aires y luego candidato a presidente de la Nación, Daniel Scioli, cuyas consecuencias se tradujeron en la derrota obtenida finalmente en las urnas.

Esto último producía más rechazo desde la deontología periodística porque una interna del partido o frente gobernante se instalaba también en los medios de comunicación del Estado, es decir en las estaciones radiales y televisivas de todos los argentinos.

No sabemos si esta aparente normalidad que en estas semanas se observa en los medios públicos continuará cuando terminen de asumir los nuevos directivos del gobierno de Macri en todo el país, o si se volverá a la anormalidad de adular al gobierno, ignorando sus faltas, y criticar, omitir o reducir la palabra de la oposición. Por suerte esto último en San Juan, con algunas excepciones, no ha sucedido exactamente igual. A esta altura vale recordar uno de los tristes episodios vividos en radio Nacional Buenos Aires cuando los trabajadores de esta emisora declararon personas no gratas a los ‘periodistas militantes’ Cynthia García, Ari Lijalad y Roberto Caballero, como ‘repudio’ por no haber apoyado, supuestamente, un paro por discusiones paritarias convocado por distintos gremios vinculados a la emisora. Y todo a raíz de profundas diferencias o enfrentamientos entre profesionales ‘K’ y ‘anti K’, o sea la política de partidos enredando el clima interno de una emisora estatal que se autodenomina, paradójicamente, ‘la radio de todos’.

También viene a mi memoria en este marco, la opinión de Katharine Graham, expresidenta del ‘Washington Post’, cuando ya jubilada dio una definición del papel de los medios de comunicación, ante una pregunta sobre si los diarios se parecen un poco a sus dueños. Ella respondió que ‘en alguna medida sí, porque en realidad el propietario marca el tono y, de una forma genérica, crea la atmósfera, señala los objetivos y elige a la gente que maneja el proyecto’. Pero al mismo tiempo advertía Graham, que si se dirige un buen periódico, ‘hay que hacerse con los mejores profesionales que puedas encontrar y después darles mucha libertad’. En los medios del Estado, no hay un sólo propietario. Somos todos. Entonces el gobierno de turno, más que ‘marcar el tono’ del medio estatal, debe dar libertad a los profesionales comunicadores bajo un orden sólo basado en la obligación de informar con respeto a todos y a la verdad.