"No debió ser contra nosotros sino contra Albornoz y Cocinero (Mirta, del IPV)… y hay gente más arriba. Albornoz recibía subsidios de D’Elía (Luis)" decía, molesta, Myriam Quiroga, luego de notificarse del procesamiento en su contra. Mientras cumplía el mismo trámite, su hijo, Marcos Barragán, también se quejaba: "Es sospechosa la desvinculación repentina de Albornoz…. deberían investigar las casas que se entregaron y los bienes de Cocinero y su familia… me parece que hay mucha presión del poder". "Creí en las mentiras de Albornoz", aseguró a su turno el publicista, Pedro Roldán, mientras Alejandra Dragui reiteraba que nada tuvo que ver con la maniobra en la que resultaron estafadas más de 200 familias entre marzo de 2009 y abril pasado. "Yo no firmé nada", alcanzó a decir Albornoz.

Cada damnificado pagó sumas que oscilaron entre los 7.000 y los 20.000 pesos (efectivo, transferencias bancarias o cheques) o dieron vehículos, según las denuncias.

Quien creyó sobradamente probadas las estafas reiteradas fue el juez José Atenágoras Vega (Cuarto Juzgado de Instrucción), que ayer procesó por ese delito a los cinco implicados, les dictó prisión preventiva y les embargó sus bienes por sumas que variaron entre los $100.000 (Albornoz, Barragán y Roldán), $50.000 (Quiroga) y $10.000 (Dragui).

"Sus argumentaciones y coartadas esgrimidas a los fines de justificar su no participación en el hecho ilícito investigado son débiles, frágiles y precarias, y no hacen más que demostrar, sin ninguna duda para el suscripto, de su plena responsabilidad junto a Albornoz en el hecho ilícito investigado. Albornoz, Barragán, Roldán y Quiroga junto a Dragui, eran plenamente conscientes de las diversas y sucesivas maniobras estafadoras que llevaron a cabo entre marzo de 2009 a abril del corriente año, en perjuicio de los diversos adquirentes de carpetas de viviendas", afirma el juez en su resolución.

El millonario fraude con casas del IPV, un delito inoxidable en la provincia, llegó a la Policía y a la Justicia entre el 19 y el 20 de abril pasados, cuando varios postulantes, cansados de promesas fueron hasta el IPV y luego denunciaron formalmente el engaño por parte del Movimiento Agropecuario Provincial, una entidad sin personería jurídica que fue creada por Albornoz para fomentar la actividad de pequeños y medianos productores, a través de la gestión de subsidios en la Nación.

Para el juez quedó probado que Albornoz aprovechó la existencia de ese organismo para empezar a vender las carpetas de casas de varios barrios del IPV, invocando una supuesta promesa del gobernador para realizar el trámite de las casas con funcionarios del IPV. Para afirmar la teoría de los supuestos contactos políticos y la validez de la operación -según el juez- se creó una revista en la que hasta incluso se publicó una foto de Albornoz con César Gioja. O se daban recibos con logos del Movimiento. O se contrató a Dragui para que fingiera ser asistente social del IPV y visitara a los postulantes con formularios de ese organismo.

Durante las indagatorias, Barragán, Roldán, Dragui y Quiroga culparon a Albornoz. Y éste a su vez, tras ser capturado, negó de plano cualquier delito (dijo que no firmó nada) y apuntó a Barragán. Ahora, todo indica que apelarán la resolución del juez.