El debate por el derrame de divisas de la minería tuvo ayer un día movido. Mientras un proyecto que obliga a las grandes empresas del sector a tomar mayoría de proveedores locales ganó apoyos en la Legislatura, desde el sector de las compañías reconocieron que los montos más sustanciosos que pagan por la contratación de servicios se los llevan empresas de afuera de la provincia. Y aunque dijeron estar de acuerdo con profundizar el compre sanjuanino, advirtieron que hay que evitar que los proveedores se abusen de la ley y aprovechen para cotizar más alto (Ver aparte).
La idea de obligar por ley a los grandes operadores mineros a contratar en San Juan tomó fuerza los últimos días, a partir del insistente reclamo de la Cámara de Servicios Mineros (Casemi). Sostiene que si bien hay muchas empresas locales trabajando para la actividad, los contratos por más dinero quedan en poder de proveedores foráneos. Y ponen ejemplos: hablan de la ampliación en la plata de trituración de Veladero por 50 millones de pesos que quedó para Techint y que el movimiento de suelo en Pascual-Lama lo hará una UTE encabezada por la mendocina Cartellone por 20 millones de pesos.
En las compañías internacionales -las tres más importantes son Barrick, Yamana y Troy Resources- reconocieron que "es muy probable que si se toma en cuenta la facturación, los contratos más importantes se los llevan proveedores de afuera". Dieron su justificación: que la maquinaria que necesitan no está en San Juan y en otros casos, que hay grandes obras para las que las constructoras locales no siempre tienen capacidad.
La propuesta de elaborar una ley la tiró la semana pasada el diputado nacional Daniel Tomas y la Casemi y la Cámara Minera, que agrupa a las compañías del sector, tomaron el guante. Ayer, la primera entidad presentó la inquietud en una reunión en la Cámara de Diputados con la participación, además de Tomas, de los presidentes de bloque y el secretario de Minería de la provincia, Felipe Saavedra. Todos se mostraron de acuerdo .
La posición que faltaba escuchar era el del Ejecutivo. "Absolutamente", dijo Saavedra cuando este diario le preguntó si el gobierno va a impulsar el proyecto.
Todavía no hay nada escrito. No se sabe cuál es el porcentaje de contratación a exigir, si habrá sanciones o no para las que no cumplan y mucho menos, fecha de tratamiento. Los actores acordaron un cronograma de reuniones para redactar el proyecto de ley.
El proyecto incluirá dos puntos más. El primero, crear un padrón público de proveedores mineros como requisito para participar de las licitaciones. El segundo, que las compañías informen con antelación el cronograma de licitaciones que van a realizar, para que las empresas locales tengan tiempo de asociarse en UTE.
El padrón es considerado clave. El gerente de Casemi, Alejandro Donna, aseguró ayer que servirá para que todos los que viven de la minería pongan la cara y para que en Buenos Aires -en alusión a Bonasso y Solanas- no sigan diciendo que es un negocio de unos pocos.