En el afán de despejar dudas en los controles medioambientales mineros que realiza la provincia de San Juan, el Gobierno cerrará en los próximos meses un sistema de auditorías internacionales a través del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), según confirmó el gobernador Gioja.
El objetivo es que en diciembre esté acordado, según dijo. De esta manera se dejará de lado el llamado a licitación para que esa tarea la haga una consultora privada internacional tal como había anunciado el gobierno el 27 de mayo pasado, después de sacar el primer lingote de la mina calingastina de Casposo. ‘Vamos a tener otra alternativa, lo de PNUMA nos parece buenísimo, porque tienen una experiencia en Perú vinculada a la minería (fueron muy exigentes en el yacimiento Tía María).
Es un agencia especial, ya le hemos dicho lo que queremos y nos van a hacer una propuesta. Desistimos de la consultora, porque puede aparecer cualquier chanta que tenga una consultora y vamos a estar en la misma, necesitamos que nos audite alguien que sea mejor que nosotros, mucho mejor y principalmente de prestigio, que cada tanto venga y nos audite, que nos diga esto está bien o esto está mal y corregir esas deficiencias de la mejor manera’’, dijo Gioja.
El programa de la ONU no es conocido en San Juan: Referentes mineros consultados dijeron no ‘tener mayores referencias’’ de este programa (ver página 3).
El acuerdo directo se comenzó a tejer el 16 de septiembre pasado cuando Gioja se reunió en Casa de Gobierno con referentes para América latina que tiene el PNUMA: Vino Elisa Tonda, oficial del programa y Alejandro Rossi, asesor técnico principal de los proyectos UNOPS-PNUMA (ver foto).
En la oportunidad los funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) resaltaron que ‘la provincia de San Juan ha sabido encaminar su trabajo de controles medioambientales hacia estándares de alto nivel’’.No obstante, Tonda agregó sugestivamente entonces que ‘nuestros servicios permiten potenciar el desarrollo de herramientas a favor de hacer aún más eficientes los controles de impacto ambiental de la minería’’.
Aun no está claro si Naciones Unidas cobrará por esta tarea o si sólo el Gobierno provincial tendrá que facilitar los medios para que los especialistas realicen los monitoreos. Tampoco se sabe cada cuántos serán los controles o sí se trata de un único estudio pero a largo plazo.
En el derrotero de ideas que barajó el Estado provincial para ahuyentar los ‘fantasmas’ de la megaminería y su compatibilidad con el medio ambiente (eje de todas las críticas que tiene la actividad por parte de ambientalistas, ONGs y un puñado de políticos, entre ellos, el dirigente antiminero Pino Solanas), la primera opción fue la de contratar consultoras nacionales, pero desistieron casi de inmediato de esta opción.
‘Se prestaba para que los mismos de siempre digan que está todo armado y que como les pagamos para que hagan lo suyo, todo iba a estar arreglado’’, dijeron en su oportunidad desde el seno del Gobierno provincial. La idea fue mirada con muy buenos ojos por los especialistas locales que argumentaron que lo bueno de esto es que ‘iban a ser empresas que conocían el paño’’.
Acto seguido todos los cañones apuntaron a una consultora europea, canadiense, chilena, australiana o sudafricana, que por ser países con una fuerte historia minera tienen -a priori- la suficiente experiencia.
Todo parecía encaminado hasta que luego de reunirse con gente del PNUMA, al propio Gioja le interesó la chance de que las Naciones Unidas sean los auditores de los controles locales.