El intendente de Zonda, César Monla, decidió hacer uso del derecho que le da la ley y presentó ante el Tribunal de Cuentas un recurso de revisión del fallo que lo condenó a pagar una suma de dinero para saldar gastos del año 2012 que no justificó debidamente. El organismo debe resolver ahora si revoca la resolución o si la confirma, en cuyo caso el jefe comunal podría ir como última instancia a la Corte de Justicia de la provincia.
Con el recurso, Monla y los funcionarios y empleados zondinos apuntados por el Tribunal de Cuentas intentan revertir los efectos del fallo o que directamente, quede sin efecto. Si lo consiguen, zafarían de pagar de sus propios bolsillos los montos equivalentes al presunto daño económico que le causaron a la comuna por errores administrativos y la falta de rendición de gastos efectuados hace 2 años atrás.
Por el momento, los argumentos del planteo de Monla no se conocen. En el organismo de control no quisieron dar información ayer, en virtud de que el recurso de revisión “está para dictamen”. Por su parte, el intendente no respondió los llamados que le hizo este diario para conocer lo que esgrimió.
La historia que puso sobre el tapete a la gestión de Monla comenzó en abril, cuando el Tribunal de Cuentas intimó al propio intendente y a un grupo de funcionarios a responder por viáticos no rendidos, demoras administrativas que le significaron a las arcas municipales mayores gastos y vacaciones mal liquidadas, todo por más de 60 mil pesos. Las autoridades zondinas hicieron su descargo y presentaron documentación, pero no fue suficiente para justificar la totalidad de los fondos y el organismo rechazó un mes después el ejercicio contable 2012 de la comuna y condenó a los supuestos responsables de las tres anomalías a responder con dinero propio.
La que más dinero involucra es la de los viáticos. Según el fallo, que salió por unanimidad de los miembros del Tribunal de Cuentas, el intendente fue sancionado con el pago de 4.357 pesos, el exsecretario de Hacienda Gabriel Rodríguez debe correr con una suma idéntica y la contadora de la comuna, Carina Gutiérrez, se tiene que hacer cargo de 4.343 pesos. Mientras que el segundo tiene que abonar, además, 990 pesos por problemas en la rendición de los pasajes que utilizó para uno de sus viajes.
En segundo lugar, por una multa que el municipio le tuvo que pagar a la Dirección General de Rentas de la provincia por no depositar a tiempo lo que les retiene a los proveedores en concepto de Ingresos Brutos y Lote Hogar, fueron condenados los mismos tres funcionarios: el jefe comunal, Rodríguez y Gutiérrez. Entre todos deben poner 6.318,51 pesos.
Finalmente, el organismo detectó irregularidades en la liquidación de vacaciones de un agente municipal y les impuso el pago de 1.443,42 pesos a Javier Monla, María del Rosario Varela y Graciela Aravena.
Los condenados tenían 15 días hábiles para pagar o presentar el recurso. Fuentes del mismo municipio aseguraron que optaron por la segunda opción y en el Tribunal de Cuentas lo confirmaron. Ante un eventual revés, la ley habilita a los funcionarios castigados a presentar un recurso en el máximo tribunal de la provincia y a juzgar por lo que dijeron en la comuna, es casi una fija que seguirán ese camino para insistir en su inocencia.
Desde que fue modificada la ley que regula el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, en el año 2011, es la segunda vez que a un municipio le rechazan la rendición de cuentas de un año. La primera vez fue a la gestión del exintendente angaquero Víctor Fernández, que también recurrió la resolución del organismo de control.