El Estado es uno de los principales agentes educativos, pero no debe guardarse el monopolio de la educación de un pueblo.

Se ha hecho viral en las últimas décadas que el Estado guarde para sí el monopolio de la educación de todo un pueblo. Si bien es cierto que desde la Constitución Nacional y las correspondientes a cada provincia de Argentina se promueve la educación o bien la enseñanza y el aprendizaje para todo ciudadano, hay que resaltar antes que nada que la educación es un derecho inherente a la persona humana.
Nuestro sistema educativo nacional tiene tres modalidades básicas fundamentales. La educación formal, la no formal y la informal. Esto quiere decir que de alguna manera, regula la forma en que ella debe llegar al ciudadano. Pero, ¿qué pasa cuando el Estado se tiñe de una ideología y utiliza las masas o grandes grupos poblacionales para extender políticas educativas que cubren todas las expectativas de los ciudadanos so pretexto de la ‘igualdad o equidad para todos’ y encubriendo intereses particulares? De hecho, el Estado mismo llega a toda instancia educativa mediante la educación de gestión pública o privada. Sin embargo cuando se difunden o propagan acciones educativas o culturales que superponen a las realizadas por los particulares, en un esfuerzo estos por innovar, investigar, crear o instituir de propia iniciativa las mismas, crea un conflicto de intereses invadiendo el fuero subjetivo, personal e intransferible, propio de las autorías de autodidactas o de las expresiones educativas de las que una persona funda con su propio esfuerzo y sin el apoyo en absoluto o asistencia del mismo Estado.
Con ello no significamos que el mismo Estado abandone acciones para todos aquellos que de alguna u otra forma, y muchas veces por cuestiones económicas, no pueden acceder a propuestas educativas en pro del desarrollo de la persona. Es que lo que significamos es, que si la educación se entremezcla con ondas populistas inescrupulosas bajo la bandera de la integración o inclusión, los espacios para la acción de los particulares creativos terminan por ser nulos al punto de que al consenso de un pueblo direccionado hacia otros fines y a juicio de estos, califican en invalidar. Esto envuelve a los poderes discrecionales del Estado con vientos de perversión educacional puesto que se distorsiona el mismísimo y esencial eje de la educación en libertad.
Esta experiencia en la antigüedad fue lamentablemente experimentada por el pueblo griego que vio cómo Sócrates era entregado por las autoridades de gobierno de la época en condena a muerte, cuando las mencionadas fueron descubiertas en actos de corrupción, indagadas justamente por los mismos hijos de tales gobernantes, quienes por las enseñanzas morales y aprendizajes obtenidas de aquel Sócrates, decenas de estos jóvenes ponían al descubierto las acciones de corrupción de los superiores, esto, cuando evaluaban y valoraban la virtud y funciones del bien común en la práctica de una moral provista en todo juicio crítico formulado por el propio discernimiento practicado.
La educación no existe para compulsar cuestiones de poder y jamás será de esta manera. La educación existe para lograr libertad por el conocimiento y descubrir una realidad en valores para la consecución del bien.
El Estado no puede ‘diseñar’ el destino de una persona y menos aún en educación. De lo que se trata pues, es que cada persona, cada ciudadano, logre por sí otra educación que no tiene y este es el mérito de las personas que con mucho sacrificio propio y en particular logran metas y objetivos por su solo esfuerzo y sin asistencia alguna. Quizás también en nuestra época encontremos a uno o varios que como Sócrates anhelaban un aprendizaje por la autonomía de la propia razón.