¿Habrá culpables en el caso expropiaciones? "Es un camino sin retorno", respondió José Luis Gioja en estos días al requerimiento periodístico. Y parece que así será. Más allá de los muchos millones por perder en la causa más escandalosa de la que haya tenido memoria la provincia, existe otra consecuencia que puede ser bastante más dañina y "cara" con el tiempo: la credibilidad del Poder Judicial. Hasta hace muy poco, los movimientos de los hombres de la Justicia sanjuanina no daban señales de estar interesados en meterse públicamente en la causa que el Gobierno levanta como bandera de frontera. Y ante esa inacción, no hizo falta agregar demasiadas palabras. Gioja se cuidó mucho -y lo sigue haciendo- de no hablar de más sobre el tema ya que de hacerlo, sería inmiscuirse en otro poder del Estado y empezar una pelea innecesaria y peligrosa. Pero esta semana un fallo de la Corte resonó en Casa de Gobierno como una "buena señal". El máximo Tribunal no sólo frenó pagar $70 millones por la expropiación de casi 2 hectáreas del Canal Playas, hoy Benavídez, sino que definió un criterio y al hacerlo, abolió la excusa de los magistrados sobre la "razonabilidad" de la sentencia: no se puede sentenciar que se pague $1.000 o $1.500 millones por 5 hectáreas del Parque de Mayo, sea cual fuere la razón. Tan exageradas son las cifras que contagian bronca. En medio de toda esta maraña está la opinión pública, esa que sentencia sin piedad, más allá de los argumentos oficiales: una encuesta del IOPPS, dice que el 65,1% de la gente cree que el caso va a quedar en la nada. Esos números disparan que hay, evidentemente, una extraordinaria oportunidad de taparle la boca a la opinión pública, y salir a gritar a los cuatro vientos que el Poder Judicial es capaz de autoinvestigarse, ojalá no se desaproveche. Los hombres de Gioja aseguran que no es para tanto, porque, dicen, el problema es con algunos jueces: Rosalba Marún de Sobelvio, Carlos Macchi y Roberto Pagés, puntualmente, no con todos. Es difícil trasladarle esto a la opinión pública.
El fallo del Máximo Tribunal sobre el Canal Playas es clave porque ordena investigar según la nueva ley, la que dice que el Tribunal de Tasaciones debe participar obligatoriamente en los juicios por expropiaciones; y que el valor del inmueble debe ser objetivo y real, norma que estaba vigente al momento del fallo de Carlos Macchi por Canal Playas y, obviamente, también lo estaba cuando la Sala III de la Cámara Civil confirmó la sentencia de Macchi. Pero que en ambos casos no se la tuvo en cuenta.
Ese fallo fue para muchos hombres del Gobierno provincial la primera señal fuerte que parte de la Corte hacia el caso. Los hombres de Gioja se quejaron fuerte -aunque siempre en estricto secreto- cuando le tocó el turno a la jueza María Inés Rosellot, a cargo de la investigación del escándalo. Sostenían que bien pudo habérsela excusado y haber seguido trabajando en expropiaciones, ya que la complejidad de la causa demanda de atención casi exclusiva. En Casa de Gobierno pensaron -aunque no lo dijeron- que se perdió mucho tiempo valioso. Por ese antecedente, lo de la semana pasada fue vital para creer. Hay que decir también que la Corte de Justicia tiene sus propios intereses: está disputando con el gremio de los empleados judiciales la famosa ley enganche, por la que el personal del Poder Judicial debería recibir un reajuste inmenso a sus sueldos, situación que acarrearía un desembolso que desfinanciaría la administración judicial. ¿Quién representa a la Corte en ese litigio? La Fiscalía de Estado que, a su vez, es el organismo que defiende a la provincia en el caso expropiaciones, que se tramite hoy en Tribunales. No hay nada que objetivamente diga que una cosa se usa como moneda de cambio de la otra, hay que aclarar, aunque los tiempos en los que se dan las acciones son llamativos.
Doña Rosa
No hace mucho tiempo el titular del Instituto de Opinión Pública y Proyectos, Antonio De Tommaso, dijo en Radio Colón que a la mayoría de la gente le preocupa más la seguridad y la salud que la investigación por el caso expropiaciones, como es lógico que ocurra, ya que tanto la seguridad como la salud son cuestiones que atañen directamente a la vida de cualquier persona. En cambio lo de las expropiaciones fraudulentas, si bien puede provocar un daño enorme por la cantidad de dinero de la que se habla, no es algo que pegue de lleno en la vida de las personas comunes, sencillamente porque no manejan esos millones que están en juego. A pesar de eso, la mayoría de la población local dice saber mucho o algo del tema: el 74,2%. Parecería -a juicio de interpretar cifras- que la gente no está en los detalles, pero al menos sabe generalidades, ha escuchado del tema y conoce que hay un escándalo y que ese escándalo está relacionado con mucho dinero y corrupción, de eso se trata el "estar enterado".
Ante la pregunta sobre si cree que hay algunos jueces involucrados, el 64,8% contestó "sí, con seguridad". El 11,3% dijo "sí, posiblemente". Y el 10,1% "no, no creo". Y la más categórica: si se demuestra que hay jueces involucrados, esto ¿bajaría su nivel de credibilidad en la Justicia? El 75,1% dijo que "sí, totalmente". La última respuesta esconde, seguramente, la sospecha popular de que "algo hicieron" para estar involucrados en semejante problema. No se sabe, se sospecha.
Tampoco sería correcto afirmar que echando a la hoguera a los jueces cuestionados se limpia por completo la imagen de la Justicia, para nada. Se trata de entender que se debe poner punto final sí o sí. Culpando a estos jueces o a otros, los que sean. Y si nada tuvo que ver, también decirlo, seguro. El mismo Gobierno ha sumado fichas para que la gente exija. "Informar todo", fue la orden desde un primer momento y eso acarrea una responsabilidad enorme, la de saber que la gente quiere saber qué pasó. Que le cuenten el final de la historia. Hasta acá todo indica que habrá final, ojalá ocurra, por el bien del Poder Judicial.