La decisión de la gestión giojista de designar en planta permanente a los contratados de la administración central provincial, generó inquietud en los municipios. José Villa, titular de UPCN, uno de los gremios con representación en ese ámbito, empezó a pedir que los intendentes adopten la misma medida y entre los trabajadores que están en esa condición hay expectativas. Este diario pudo localizar ayer a 16 jefes comunales que en conjunto tienen bajo su órbita casi 5.000 contratados y todos aseguraron que les gustaría traspasar al menos a los más antiguos, aunque lo condicionaron a que la provincia les dé una ayuda económica para pagar el incremento salarial que implica.

“Vamos a hablar con el gobernador, para ver si ellos pueden ayudar con algo de plata”, adelantó ayer el intendente angaquero Víctor Fernández sobre la intención de nombrar el planta permanente a los 30 contratados que dijo tener en el municipio. Tanto él como sus pares aseguraron no contar con dinero y que la única vía posible para conseguir recursos sería a través de la coparticipación que les gira la provincia.

La posición se debe a que la designación de un contratado significa un aumento en los costos laborales de la patronal. Al convertirse en empleado efectivo, el municipio le tiene que empezar a pagar cargas sociales, ART, antigüedad, obra social, asignaciones familiares, entre otras cosas. Según el intendente de Santa Lucía, Aníbal Fuentes, que cuenta con 800 contratados, “yo ya se lo planteé al gobernador, porque implicaría multiplicar lo que hoy les pagamos por 2,5 y no podemos solos”.

La expectativa en los municipios surgió luego de conocerse la decisión de Gioja de nombrar en planta permanente a los contratados que tiene el Ejecutivo provincial. Para eso, la gestión giojista está elaborando un proyecto que la exceptúa de la ley de contención del gasto que congela las designaciones y que en los próximos días se espera que llegue a la Legislatura.

Los gremios calculan que los contratados en el Ejecutivo provincial son unos 4.000. Entre los 16 municipios consultados por este diario, según la información que dio cada intendente, los contratados suman 4.996. Además de los 800 en Santa Lucía y los 30 en Angaco, en Chimbas hay 450, en Capital 1.400, en Rawson 900, en Pocito 120, en Iglesia 400, en Calingasta 143, en San Martín 40, en 9 de Julio 163, en Caucete 290, en 25 de Mayo 100, en Ullum 110, en Rivadavia 300, en Zonda 50 y en Albardón, su intendenta dijo que no tienen. Con el resto de los jefes comunales, Jorge Barifusa (Jáchal), Alberto Hensel (Sarmiento) y Francisco Elizondo (Valle Fértil) fue imposible comunicarse.

La opinión de los intendentes no varía de acuerdo al espacio político donde se mueven. El pocitano Sergio Uñac sostuvo que “sería bueno, pero hay que estudiarlo porque significa un gasto adicional”, Marcelo Lima, de Capital, dijo que “necesitaríamos una ayuda extraordinaria de la provincia” y el calingastino Robert Garcés aseguró que “voy a pedir que nos tengan en cuenta”. El rawsino Gustavo Rojas, el único opositor, señaló que “es la aspiración que tenemos, ya lo hizo la Presidenta y ahora el Gobernador”.

Por ahora, Gioja se ha expresado sobre el tema, al menos públicamente. Ante una eventual ayuda, una fuente calificada dudó de que sea inmediata y para todos los contratados municipales.