Luego de la decisión del consejo directivo de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) de echar a 7 afiliados acusándolos de que “dañaron la imagen y la credibilidad de la institución” por verse involucrados en los casos Tellechea y una presunta estafa interna, uno de los apuntados, Miguel Del Castillo, que estuvo interinamente a cargo de la presidencia de la institución, presentó un recurso de amparo en la Justicia para dar vuelta la resolución. Argumentó que violaron su derecho de defensa y la presunción de inocencia porque todavía no fue juzgado y acusó a las autoridades de “persecución política”.
El planteo, en el que Del Castillo fue patrocinado por el abogado Hugo Uzair, está actualmente en el ámbito del Juzgado Contencioso Administrativo, a cargo de la jueza Adriana Tettamanti. Incluye una cautelar, para frenar la decisión, mientras se resuelve el amparo para revertir la resolución.
Por la repercusión que causaron en la sociedad sanjuanina dos hechos polémicos en los que se vio involucrada la Mutual, como la desaparición de Raúl Tellechea y el presunto fraude ligado con prestamistas que daban créditos a tasas usurarias, el consejo directivo de la Mutual expulsó en noviembre del año pasado a Luis Moyano, Miguel Del Castillo, Luis Alonso y Eduardo Oro, vinculados con el primer caso. A este último, que ya había renunciado, lo declararon, igual que al resto, “persona no grata”. Los otros fueron Rubén Castro y Oscar Bazán, por el caso de los cheques. El séptimo fue Alberto Cortés, un excobrador sospechado de haberse quedado con dinero de la cuota societaria. Fue por el “daño institucional” que esos hechos ocasionaron a la entidad, según la resolución del consejo directivo, tomada en noviembre del año pasado.
Además de la expulsión les prohibieron usar las instalaciones de la institución, por ejemplo el camping de Ruta 40.
El estatuto de la organización establece, entre sus atribuciones, “resolver sobre la admisión, amonestación o expulsión de los socios” y les concede a los involucrados la posibilidad de apelar la medida, pero recién en la próxima asamblea ordinaria, prevista para octubre. En esa reunión, en la que tendrán voz pero no voto, deberán conseguir que la mayoría de los asambleístas accedan a revisar la decisión.
Frente a ese panorama, Del Castillo decidió accionar judicialmente con el argumento de que fue una medida “arbitraria, antojadiza y persecutoria” porque sostiene que “ni siquiera me comunicaron los motivos”.
Por el caso Tellechea, Del Castillo al igual que los otros 3 dirigentes, fueron procesados por “desaparición forzada”, pero la acusación no está firme y ni siquiera han ido a juicio.
Omar Cereso, titular de la Mutual, dijo que la expulsión “fue una medida tomada por convicción y en respuesta al reclamo mayoritario de los socios” y negó que fuera una “decisión demagógica. Fue para recuperar la credibilidad de la comunidad”.
Como la entidad le brindaba a Del Castillo cobertura como coseguro, el exdirectivo dijo que evalúa sumar una acción por daños y perjuicios porque dijo que tiene un hijo con diabetes, que demanda cuidados médicos permanentes. Además sostuvo que si bien lo echaron el noviembre en los sueldos de enero y febrero le han seguido descontando ese ítem.
Moyano, otro de los involucrados, dijo que no descarta iniciar también acciones legales.