Eduardo Ezequiel Casal, Procurador Fiscal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, opinó que ese tribunal, el máximo de justicia del país, debe convalidar la decisión del juzgado penal de San Luis (el primero de Instrucción) de no intervenir en el caso del electricista Carlos Alberto Brizuela, dijeron fuentes judiciales. Este hombre de 47 años había sido condenado en San Juan a 16 años de cárcel por violar y corromper a una de sus hijas y por abusar y corromper (sin violar) a otra. Y pasó 3 años y 4 meses preso hasta que la Corte de Justicia provincial anuló todo y lo liberó, pues entendió que los hechos habían ocurrido en San Luis y que, por lo tanto, la justicia sanjuanina era incompetente para actuar.
Aquella vez la Corte local no dijo que Brizuela era inocente y que no cometió ningún delito. Solo dejó en pie la denuncia que había puesto en San Juan la madre de las niñas y otros actos, pero anuló todo desde la indagatoria de Brizuela en adelante.
Ese mismo fallo había levantado polvareda y malestar en el ambiente tribunalicio local, porque los ministros de la Corte local (Carlos Eduardo Balaguer, Adolfo Caballero y Juan Carlos Caballero Vidal), sancionaron al fiscal Daniel Guillén y a la juez María Inés Rosselot (jubilada) que investigaron el caso. Y también a la fiscal Alicia Esquivel Puiggrós y a los magistrados de la Sala II de la Cámara Penal (Ernesto Kerman, Juan Carlos Peluc Noguera y José Atenágoras Vega) que condenaron a Brizuela.
‘Considero que la decisión adoptada por el tribunal declinante (la Corte sanjuanina) fue inoportuna e importó una clara vulneración a la estabilidad de los actos procesales ya cumplidos, con el consiguiente desmedro, por un lado, a las garantías del debido proceso y la defensa del imputado. Y por el otro a la protección de la integridad e interés de los menores, los que podrían hallarse seriamente comprometidos ante la posibilidad de procesos judiciales simultáneos o sucesivos’, afirma el procurador Casal en su dictamen, que se conoció ayer pero se produjo el último 2 de diciembre.
Y agrega: ‘opino que corresponde remitir las actuaciones a la Corte de Justicia de San Juan a fin de que continúe conociendo en el trámite recursivo, sin que la nulidad constituya un obstáculo en tal sentido pues carece de eficacia al haber sido declarada en función de una incompetencia que no prosperó’.
A pesar de la opinión del procurador fiscal, el caso sigue abierto ya que la última palabra la tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si se confirma la decisión de la Corte local, el caso deberá ineludiblemente tramitarse en San Luis. Si ocurre lo contrario, el mismo tribunal sanjuanino deberá decidir si se confirma o no el fallo contra Brizuela.
Si finalmente se ratifica la condena, Brizuela deberá volver a la cárcel.