La inmediatez política del cada día, es el árbol que impide ver al bosque del desarrollo argentino, es decir que el crecimiento que genera riqueza responda al resurgimiento de las economías regionales más postergadas, con programas de equidad sustentable para acompañar al potencial de la pampa húmeda y las explotaciones pesqueras e hidrocarburíferas. Las oportunidades socioeconómicas que impiden exclusiones, surgen del trabajo digno y no de la prebenda circunstancial.
Esto no responde a teorías descabelladas sino a una premisa constitucional que sigue ignorada por los gobernantes cuando se plantean el futuro. Sin distinción de color partidario, prácticamente ningún movimiento ha reparado en diseñar políticas de Estado para conformar una regionalización como lo señala la Constitución Nacional, reformada en 1994, apuntando a impulsar el establecimiento regiones productivas que aúnen con metas comunes de desarrollo. El artículo 75 de la Constitución Nacional (Atribuciones del Congreso) dice en su inciso 19, que deberá "Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”. A casi dos décadas del pensamiento plasmado por nuestros constituyentes, los intereses partidarios y los localismos retrógrados se anteponen a los objetivos regionales, igual que los aportes discrecionales del Tesoro suplantan al Régimen de Coparticipación Federal que debía ser sancionado antes del 31 de diciembre de 1996, según la Carta Magna.
Potenciar el Producto Bruto Geográfico a través de la regionalización es un modelo exitoso del mundo globalizado y en nuestro país sería la herramienta ideal para alcanzar objetivos comunes consensuados, al eliminarse los actuales problemas coyunturales y mezquinos. La Promoción industrial, la agroindustria y la explotación de los recursos naturales no deben estar condicionados por los límites políticos, porque las polémicas y rencillas domésticas debilitan los esfuerzos y en definitiva todos pierden.
Por el contrario, una nueva regionalización del país tras intereses comunes, tendría ventajas para todos, desde los menores costos de la administración, siguiendo por mejor desarrollo de los modelos de gestión pública y distribución de los recursos potenciado la cadena de valores, la unificación tributaria y normativa y, en definitiva, una competitividad productiva inigualable sin conflictividad política y social porque ninguna zona quedaría rezagada del desarrollo nacional.