-Debido a la experiencia de YPF y teniendo en cuenta que la minería extrae recursos naturales, ¿puede producirse una expropiación hacia alguna empresa?
-No hay absolutamente nada por lo cual los actores prevean un escenario como ese. En materia de profundización de la política minera, estamos diciendo muy fuerte que las provincias, que son los titulares de los recursos naturales constitucionalmente, tienen que formar parte de la renta minera. Formar parte de la renta implica formar parte de los diseños societarios de los proyectos mineros que se pongan en marcha. En algunos casos ya está puesto en valor esto que estamos planteando y el mejor ejemplo lo da la provincia de Santa Cruz, cuando Néstor Kirchner era gobernador, en 1997, creó Fomicruz como empresa testigo, la asoció con capitales privados internacionales y el modelo ha sido tan exitoso que el proyecto que le dio origen al nacimiento hoy trabaja y goza de buena salud.
-Es decir, la expropiación está descartada totalmente.
-No hay ningún tipo de proyecto de esa naturaleza.
-¿En los emprendimientos mineros actuales puede producirse una apertura hacia la participación del Estado en una empresa mixta o eso está descartado?
-Siempre es dificultoso plantear legislaciones hacia atrás. Nosotros creemos que hay un ciclo virtuoso, que ha posibilitado que muchas de las economías más olvidadas de nuestro país se hayan visto recuperadas y fortalecidas por las circunstancias del asentamiento de inversión, la construcción de proyectos y todas las implicancias en término de trabajo directo e indirecto vía proyectos mineros. San Juan es un cabal ejemplo de ello.
-Los sectores críticos de la minería señalan que deja pocos recursos en las arcas provinciales.
-La actividad minera es mucho más que las circunstancias específicas del estado de regalías. Genera mucho más en impuestos, es una usina de nuevas fuentes de trabajo, es mucho más en término de nacimiento y generación de oportunidades de contratación para proveedores de servicios que ya se cuentan por miles en Argentina y en San Juan, ni hablar. La actividad genera el desarrollo de asentamientos tecnológicos superlativos, saltos cualitativos en términos industriales, valor agregado.
-Es decir que los paquetes accionarios de los actuales emprendimientos no se va a tocar, no va a haber una incursión estatal.
-No creo que ese sea el planteo hoy. El planteo es ver cómo se articulan políticas para seguir produciendo los mejores escenarios para que la inversión externa pueda seguir llegando con fluidez a nuestra economía y en el marco de ese proceso, que no hace otra cosa que fortalecer ese crecimiento sostenido de la economía nacional, habrán cuestiones que tendrán una naturaleza de futura composición societaria como la que estamos planteando.
-En el marco del conflicto con España por la expropiación de YPF, ¿la seguridad jurídica ha quedado sensibilizada a los ojos de los inversores extranjeros?
-No. Si hay algo que el mundo no discute hoy es la soberanía de los Estados para manejar de manera autónoma su matriz energética. Este paso que ha dado Argentina en materia energética es un paso que ya han dado muchos otros países, incluidos algunos países de la región. Bajo ningún punto de vista se nos ha hecho un planteo de esa naturaleza. La principal empresa minera metalífera que opera en San Juan comprometió para este año en la provincia unos 6 mil millones de pesos de inversión y he hablado con los principales responsables del proyecto Baldes de potasio, potasio es más grande que el proyecto binacional, este año van a poner más de 6 mil millones de pesos. Estamos hablando con los inversores, con las Cámaras que representan los intereses de las empresas operadoras y la verdad es que no hay ningún tipo de planteo de esa naturaleza ni hay ningún tipo de escenario en el que estuvieran planteando: ‘Uy, tendríamos que ver qué vamos a hacer con la inversión‘. Al contrario, hay un proceso fuerte de “dinamización” de la actividad. Noto que afuera hay un respeto por la Argentina en general, pero en particular por la Argentina minera. Cuando se piensa en Argentina se piensa en qué hacer, cómo hacerlo y cómo poner en marcha rápidamente el recurso y constituir negocios. Todo esto se debe a la aplicación de políticas activas, por convicción de políticas y por el interés que concita la potencialidad del país.
-¿Ve la posibilidad de la creación de una megaempresa estatal minera dirigida por la Nación?
-No es un tema que esté en cartera porque nosotros lo que estamos gestionando y militando es la organización de las empresas públicas a nivel provincial. Ese será un escenario, si bien hoy no se está planteando, que no debería ser descartado si la voluntad del conjunto de los dueños de los recursos, los estados provinciales, y el Gobierno nacional lo creyeran oportuno. Pero no es parte de la agenda de hoy.
-¿Un Estado provincial tiene la capacidad por sí solo para invertir en minería metalífera?
-Que forme parte del complejo societario no significa que tenga que comprometerse directamente con fondos, que están destinados a otros propósitos, para poner en marcha tal o cual proyecto. Lo que nosotros estamos diciendo es que si la provincia es dueño del recurso tiene, de por sí, un activo muy importante para, con ese aporte, contar con un gran porcentaje del negocio que se estructure. Después, como ocurre con cualquier persona jurídica societaria, vendrá la realización de un primer negocio, el apalancamiento financiero y toda la estructuración de manejo de la economía de la empresa irá formateándose conforme a los escenarios y conforme a la mayor o menor liquidez que se tenga.