El intendente Omar Goye quedó suspendido ayer por decisión del Concejo Municipal de Bariloche, mientras que el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el senador kirchnerista Miguel Angel Pichetto volvieron a exigir su renuncia por los saqueos del pasado 20 de diciembre.
Weretilneck, dijo que espera que Goye “tenga un gesto de grandeza y renuncie a su cargo para evitar un proceso que va a ser traumático para la ciudad y que además va a implicar un importante gasto de dinero”.
El Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche aprobó ayer, con 10 votos a favor y 1 en contra, el proyecto de revocatoria del jefe comunal, quien fue suspendido por siete causales de mal desempeño y María Eugenia Martini asumió como intendente interina del lugar.
Weretilneck advirtió que “en pos de Bariloche el intendente tiene que renunciar y dejar libre al nuevo intendente para que convoque a elecciones”, mientras que Pichetto también consideró que Goye “debería dar un paso al costado para abrir un camino rápido a la transición”.
Goye se pronunció antes de la votación en el concejo deliberante y aseguró que “esta guerra recién empieza”, en referencia al conflicto que mantiene con el Gobierno nacional y el provincial luego de los saqueos que se produjeron el 20 de diciembre en su ciudad.
Días antes de esa fecha, el jefe comunal había pedido a los supermercados de Bariloche que colaboraran con bolsones navideños para los sectores con menores recursos de la zona. Ante la negativa de los comerciantes, Goye advirtió que se podrían llevar a cabo saqueos por parte de esta gente carenciada, lo que terminó desencadenando en los hechos que tuvieron repercusión nacional.
Los pasos a seguir:
La Carta Orgánica bajo la cual se rige el municipio de Bariloche determina los pasos posteriores a que se declare el comienzo del proceso de revocatoria del intendente con más de dos tercios de los votos. El proceso incluye la suspensión del jefe comunal, Omar Goye, reemplazado por la titular del Consejo Municipal, María Eugenia Martini. La revocatoria de mandato estuvo sustentada en el artículo 155 de la Carta Orgánica municipal, que establece los pasos a seguir e incluye, antes del llamado a una consulta popular “obligatoria y vinculante”, un período de 10 días hábiles para que el intendente ejerza su defensa. Recién entonces se estará en condiciones de efectuar la convocatoria, que deberá estar refrendada por firmas del 10% del padrón electoral. Los fundamentos y la contestación del pedido de revocatoria se transcribirán en libros que la municipalidad habilitará para las firmas, dentro de los 3 días hábiles posteriores a la contestación de Goye. También se establece que transcurridos 30 de la habilitación de los libros de firmas y de reunirse el porcentaje estipulado, se convocará al referéndum que deberá realizarse dentro de los 60 días subsiguientes, es decir en abril. Luego, si el intendente es destituido habrán llamado a elecciones en el término de los próximos 60 días y la votación sería en los 3 meses posteriores, es decir en setiembre. En cambio, si el mandato del funcionario no fuera revocado, no se le podrá iniciar a Goye “otro pedido por idéntica causa, fundado en los mismos hechos”.