Pero en la práctica, Obama está lejos de su prédica. Durante su Presidencia se ha dispuesto la clasificación indiscriminada de documentos oficiales y se ha perseguido judicialmente a delatores del gobierno y a más de 50 periodistas para que divulguen sus fuentes de información, bajo el argumento de la seguridad nacional, el mismo que se usa en países autoritarios para restringir las libertades.
Recientemente el Departamento de Justicia, en forma secreta, obtuvo los registros telefónicos de 20 periodistas y editores de la agencia de noticias AP, en una aparente investigación sobre fuentes gubernamentales que revelaron un plan terrorista fallido, que habría comprometido la seguridad nacional. Al mismo tiempo, el FBI calificó de conspirador al periodista James Rosen, de la cadena Fox News, luego de acceder a su correo electrónico y verificar las fuentes oficiales confidenciales que usó en 2009 para informar sobre ensayos nucleares de Corea del Norte. No son hechos fortuitos, sino una conducta común de este gobierno, que tiene el récord de procesar a seis de los nueve informantes acusados mediante la Ley de Espionaje que data de 1917.
La presión contra AP y Rosen son abuso de poder, una forma de enviar un fuerte mensaje a los delatores para disuadirlos a ofrecer información que el gobierno trata celosamente de ocultar. En todo caso, si el gobierno pretendía saber las fuentes, podría solicitarlas abiertamente, y los medios hubieran tenido la posibilidad de colaborar o de negarse anteponiendo recursos judiciales.
Esta política de acoso secreto a fuentes y periodistas se contradice con dos disposiciones de las que Obama se vanaglorió. Una es la Ley para Mejorar la Protección de los Denunciantes, sancionada en noviembre de 2012, con intención de proteger a los empleados federales que informan sobre corrupción o acciones ilegales dentro del gobierno. La otra, un decreto de su primer período presidencial, expresando que "’temores abstractos o especulativos” no son razones suficientes para justificar la confidencialidad y clasificación excesivas de información, algo a lo que no fue fiel, según demostró el New York Times al denunciar que su gobierno clasificó 77 millones de documentos en 2010, 40% más que en 2009.
Aunque Obama siga discursando sobre el fin de la cárcel de Guantánamo, lo cierto es que a los medios no se les permitió acceder a testimonios de presos que denunciaban maltratos. Y mientras a los periodistas se los requisa y procesa por no revelar sus fuentes o dar información que Washington califica de confidencial, el gobierno protege a agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que destruyeron 92 videos de interrogatorios a prisioneros de Guantánamo.
Es seguro que Obama no está enterado de los detalles, pero es igual responsable por políticas fallidas, tanto por las veces que se discriminó informativamente a Fox News, como por la mayor presión impositiva que la Oficina Nacional de Recaudación de Impuestos (IRS) impuso a organizaciones políticas afines al Tea Party, según se denunció.
Lo importante, es que el gobierno deje de confundir a espías con periodistas, como señaló el Washington Post, ya que estos difunden información de interés público, a veces recurriendo a delatores, cuando las fuentes oficiales permanecen herméticas.
"SERÍArecomendable que en vez de perseguir a periodistas, Obama resguarde la libertad de prensa promulgando de la Ley de Libre Flujo de Información que protege el secreto periodístico sobre las fuentes.”